Sin mover “ni una coma” del proyecto de decreto, sólo con cambios mínimos en los artículos transitorios, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y la envió al Senado de la República para su revisión.
La discusión duró casi 16 horas porque los diputados de todas las bancadas presentaron 412 reservas sobre la totalidad de los artículos del proyecto para discutirlos en lo particular, pero fueron rechazadas porque la mayoría los impulsó la oposición; Morena y aliados inscribieron una parte del paquete, pero después de hablar en tribuna las retiraron.
A las 4:55 horas de este miércoles la reforma preferente del Ejecutivo federal fue aprobada en lo particular con 289 votos a favor, 152 votos en contra y una abstención (Gabriela Cuevas). En esta se modifica el orden de despacho de las centrales eléctricas, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
Y es que se da prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas, luego a la energía generada en otras plantas de la CFE, seguido de la energía eólica o solar de particulares y por último los ciclos combinados de empresas privadas.
“La iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente. El gobierno de la República viene impulsando acciones estratégicas desde el inicio de esta administración: la rehabilitación y ampliación del parque de las centrales de CFE. Rehabilitar y aumentar la potencia de las centrales hidroeléctricas, conocer y respetar los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, siempre y cuando dichos contratos no impliquen fraudes a la nación. Detener la privatización para que la generación privada no rebase el 46 por ciento que está hoy, para hacer efectiva la rectoría del Estado en esta materia”, dijo la morenista Dolores Padierna.
Sin embargo, la oposición advirtió un revés en materia eléctrica del país, que además de aumentar las tarifas provocará una lluvia de amparos y demandas en tribunales nacionales e internacionales porque viola la constitución y acuerdos en el T-MEC, TPP y otros.
El diputado priista Fernando Galindo dijo que la iniciativa no cumple con los principios y disposiciones constitucionales de derecho a la salud, el medio ambiente, la seguridad jurídica, la no retroactividad de la ley, y la eficiencia económica, así como tampoco cumple con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país”.
Por su parte, el panista Justino Eugenio Arriaga criticó que Morena, PT y PES aprobaran el proyecto del presidente López Obrador “bajo la premisa de la obediencia ciega y acrítica”.
“La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que hoy se discute está plagada de insuficiencias técnicas y traerá consecuencias nefastas para todos los mexicanos. No hay una sola coma en el dictamen que sea rescatable. Es quizá por esa razón que el presidente le ordenó, les ordenó a ustedes, legisladores de Morena, que no le cambiaran ni una sola coma”, dijo.
Cabe señalar que los legisladores en San Lázaro hicieron cuatro cambios a la propuesta del Ejecutivo solamente en los artículos Transitorios, pero que no cambian el sentido del proyecto.
Agregaron un párrafo que dice: “Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto”; también se modifican las palabras “seis meses” por su equivalente “a 180 días”; se aclara que sólo los permisos de autoabastecimiento “obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados”, en vez de “podrán ser revocados” por la Comisión Reguladora de Energía.
Por último, ordenan que se revise la legalidad de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica, pues el proyecto original decía que se revisará “el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal”.
Reforma
En el dictamen de la Comisión de Energía se señala que la reforma busca garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la CFE y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
También se modifican las definiciones de Central Eléctrica Legada, Contrato de Cobertura Eléctrica, Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física y Contrato Legado para el Suministro Básico.
Preveé la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional; se establece que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales de las centrales eléctricas; y elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.
Además, se obliga a la CRE a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley; y, revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía.
Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés
hmm
