Las bancadas de Morena y aliados confirmaron que no “moverán ni una coma” a la polémica iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, proyecto que este miércoles recibió la “opinión positiva” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El dictamen fue discutido este miércoles en sesión presencial en San Lázaro, aprobado finalmente con la mayoría de las bancadas de la llamada 4T, con 31 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. En contra, los grupos del MC, PRI, PAN y PRD advirtieron que la reforma traerá serias repercusiones para la economía del país y de los ciudadanos; para el medio ambiente; y una lluvia de amparos y demandas a nivel nacional e internacional.
“Con preocupación también vemos que esta iniciativa, su aprobación tendría un costo presupuestario de hasta 451 mil millones de pesos debido a la probable cancelación de los contratos de capacidad y compraventa de energía eléctrica. También, sabemos, que no están reflejados en ningún lado en la opinión presupuestal”, dijo la coordinadora de los diputados de MC, Fabiola Loya Hernández.
El próximo 13 de febrero se vence el plazo para que las comisiones de Presupuesto y la de Economía aprueben la opinión sobre la iniciativa presidencial que recibieron les fue turnada el febrero pasado, pues por ser preferente tenía diez días naturales para dictaminarla. Aun así, los diputados de oposición lamentaron que no se escuchara antes a todos los sectores implicados en parlamento abierto.
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El diputado del PRI, Fernando Galindo Favela, dijo que ante la gran crisis económica presente México debe enviar señales al mundo de certidumbre jurídica, respeto al Estado de derecho, de incrementar la competencia económica e inversión del país, y reducir los costos de generación eléctrica para los mexicanos para que las empresas puedan tener una mayor expansión en el país, y que este país está comprometido con el medio ambiente.
“La iniciativa va en el sentido contrario de las señales que tenemos que enviar; va en contra de lo establecido en nuestra carta magna, ya se pronunció la Suprema Corte al respecto; esta iniciativa viola preceptos y acuerdos establecidos en los tratados internacionales, en el T-MEC y otros con diversas naciones del mundo; está clara la repercusión que va a tener esta iniciativa: incrementar los costos de generación eléctrica en el país.
“También se va a poner en riesgo la bancada de desarrollo en el país, que ha sido uno de los principales inversionistas en el país de los proyectos de generación eléctrica”, dijo.
Pronunciamientos
Rocío Barrera Badillo, de Morena, adelantó que su bancada va por aprobar la iniciativa “en los términos que se ha presentado” por el Ejecutivo federal, pues dijo que el actual marco jurídico “atomizó y privatizó el parque de la generación de la CFE, con el objetivo de hacer de la electricidad un negocio lucrativo únicamente para los generadores privados, llegándose al extremo de impedir que la CFE le compre energía a las centrales de la propia CFE, como lo marca el artículo 54 y a definir que el precio de la electricidad deriva del juego de la oferta y la demanda en el mercado”.
En tanto, Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, argumentó que están a favor del proyecto porque “busca el fortalecimiento (del Estado) que a su vez garantiza la estabilidad del sector eléctrico”.
“Para ello se está proponiendo modificar el criterio de prioridad del despacho eléctrico colocando la generación de plantas hidroeléctricas de la CFE por encima de las centrales privadas, y al último las de ciclo combinado. Y nosotros estamos de acuerdo en eso (inaudible) como lo comentó el presidente, pero el PT propone que no le cambiemos ni una coma, por supuesto, a esta iniciativa enviada por el Ejecutivo porque esto es a favor del país.
Ahora falta la opinión de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de San Lázaro para que, una vez aprobada, la Comisión de Energía pueda dictaminar el proyecto de reforma y enviarlo al Pleno.
Cabe señalar que, por ser preferente, la Cámara de Diputados tiene 30 días para aprobar la reforma, plazo que vence el próximo 2 de marzo, y luego enviarla al Senado. Dicha cámara revisora tendrá el mismo tiempo para desahogarla.
Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés
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