Ante la falta de respuesta de las autoridades judiciales, para resolver los amparos en contra del rediseño del espacio aéreo, presentado por vecinos de 150 colonias del Valle de México en la región, a partir de enero próximo el colectivo “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” recurrirá a las instancias internacionales como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas o ante las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En conferencia de prensa, los vecinos destacaron que son afectados más de millón y medio de personas, por las nuevas rutas aéreas, que representan riesgos importantes de seguridad, daños a la salud y a su patrimonio.
Los abogados de las colonias afectadas destacaron que hasta el momento tienen 25 amparos vigentes, que están en diferentes etapas, sin embargo, han sido rechazados por el Juzgado quinto de Distrito, así como por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se niega a intervenir.
José Luis Guerrero de Bosques de las Lomas señaló que, incluso, más allá de las demandas de amparo, si no hay respuesta acudirán a la vía penal, porque “la omisión también implica un delito, en virtud de que no hay resultados; vamos a agotar la normatividad nacional, antes de ir a la internacional, a denunciar con nombre y apellido a aquellos que nos están afectando”.
Los vecinos destacaron que el elevado ruido ocasionado por las nuevas rutas aéreas, llega a los 80 decibeles, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recmienda niveles máximos de 40 decibeles.
La vecina Minerva López señaló que entre los daños que el ruido ocasiona a la salud, se encuentra el estrés por la generación de cortisona, la falta de descanso por la noche, además del elevado riesgo de seguridad para la población.
“Viviendo bajo estas rutas sin certificación, sabiendo que puede fallar la comunicación porque las aeronaves al estar pegados a los cerros a más de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar, se generan lluvias, vientos o turbulencias, sobrevuelan más de 20 minutos sobre el cielo, estos cargueros están sobre nuestras cabezas ¿se sentirían seguros?”.
También habló de afectaciones a largo plazo al medio ambiente y al aprendizaje de los niños.
Van 25 amparos contra el rediseño
El abogado Luis Miguel Cano señaló que los 25 amparos que siguen en trámite enfrentan diferentes etapas, algunos están por resolver las quejas presentadas por el gobierno en contra de su admisión; otros por ser aprobados y otros siguen detenidos en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga.
“Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, por vía de su primera sala declinó intervenir en este caso, que no considera de interés y de trascendencia suficientes”.
“Esperamos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia quiera intervenir en estos asuntos, sino pasa así, y la primera sala no rectifica, esperen noticias de nuestra parte, porque en enero estaremos ante salas internacionales, tiene que haber juzgados imparciales para poder contener los actos arbitrarios de la autoridad”.
El abogado explicó que se debe acudir a instancias internacionales, porque el Juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa, ha mostrado su criterio y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, negaron la suspensión definitiva de los actos reclamados por los vecinos, solo por un acto de fe.
“Por creer en la autoridad como dogma, porque la autoridad le dice que este proyecto es bueno para la colectividad y que no acontecerá ningún problema de seguridad y que será benéfico para el medio ambiente”.
El abogado señaló que no se tienen recursos efectivos y que su causa no es juzgada por órganos competentes.
“Han creído en todos los dichos de las autoridades sin exigir ninguna prueba, tienen la obligación de demostrar que su actos no causan afectaciones”, indicó el abogado Mario Victoria.
Sin embargo, los abogados rechazaron que el poder judicial esté sometida al poder ejecutivo.
“Lo que vemos es un aletargamiento por parte del poder judicial inusitado, una indefinición, un choque de criterios y una resistencia a entrarle de fondo al tema de salud y de certidumbre jurídica, es el momento para que el poder judicial demuestre su autonomía”, señaló el Guerrero.
Destacaron que las afectaciones en materia ambiental no serán inmediatas, si no, en un plazo de cinco o 10 años.
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