Un grupo de expolicías protestó frente a Palacio de Gobierno para exigir la indemnización de más de 400 elementos que fueron despedidos injustificadamente hace seis años, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
Se trata de expolicías de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, quienes presentaron la denuncia 808/2019 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la falsificación de firmas en más de 400 cheques que se habían otorgado como parte de su liquidación.
La corporación fue desmantelada para que asumiera el control la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras presuntas anomalías y nexos de los elementos municipales con la delincuencia.
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La tarde de este lunes 25 de octubre, los quejosos sostuvieron una lona grande color negro y letras blancas, donde se leía “justicia”, en busca de la intervención por parte del gobierno estatal para el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con Adder Óscar Juárez Téllez, representante legal y uno de los afectados, se habla de un presunto desvío de más de 100 millones de pesos con el fraude de los cheques.
“Los funcionarios, que ya comparecieron en la Fiscalía anticorrupción, desviaron un recurso, una liquidación supuestamente a favor de los policías, que nunca llegó a las manos de los policías”.
El entrevistado recordó que él y los otros policías fueron despedidos injustificadamente el 1 de julio de 2015; sin embargo, 19 días después, los cheques fueron cobrados a su nombre por otras personas.
La denuncia fue presentada el 24 de octubre de 2019 y ratificada el 5 de diciembre, unos días después, donde señalan a diversos exfuncionarios, entre ellos al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
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Juárez Téllez indicó que desde hace dos años han solicitado una audiencia con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, hasta el momento han sido ignorados.
Cabe recordar que los expolicías protestaron el 30 de enero de 2020 en la capital del estado, sin obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.
En esta ocasión, también solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto Benítez.
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