El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), Bernardo Salazar Santana, confirmó el cierre de los juzgados de Colima, del 26 de enero al 8 de febrero, debido un brote de COVID-19, pues se registraron hasta 20 funcionarios contagiados.
En entrevista en el Heraldo Radio Colima, el magistrado presidente detalló que desde el regreso de vacaciones, el 6 de enero, comenzaron a detectar varios casos de funcionarios contagiados del virus de SAR-CoV-2, en cada uno de los órganos jurisdiccionales, mismos que se fueron incrementando.
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“La semana pasada se empezaron a disparar y todos los días estábamos recibiendo reportes de hasta tres o cuatro funcionarios, de diferentes órganos jurisdiccionales, que estaba resultando positivos o el mejor de los casos sospechosos de haberse contagiado, ante esta situación que se tomó la determinación de suspender las actividades de atención al público”, informó Salazar Santana.
Al respecto, el representante en el estado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Abraham Méndez Palomares, denunció también a estos micrófonos, que hubo descuido por parte del Poder Judicial del Estado, en la implementación de las medidas de seguridad sanitarias.
“En los accesos seguido no hay gel, los aparatos que toman la temperatura están descompuestos y no los repusieron, en los baños no hay jabón, todo eso es en general, luego entonces si entra una persona contaminada y no hay gel para que se limpie las manos o no hay jabón para que se las lave”, indicó.
Al respecto el presidente del STJ, aseguró que sí se tomaron las medidas necesarias y se cumplieron los protocolos.
“Los protocolos están aplicando, el control de las personas, la Sanitizacion de los espacios, la sanitizacion de los documentos que recibimos, el uso obligatorio de cubrebocas, el guardar la sana distancia, eso se están aplicando”, aseguró.
Agregó que también pudo haber sido responsabilidad personal fuera de los juzgados, por lo que en estos 15 días de cierre se van dar cuenta si la fuente del contagio son o no estos espacios.
Méndez Palomares manifestó preocupación respecto a que esta situación pueda causar rezago en materia de justicia, pues se tiene capacidad para resolver 600 asuntos por año, pero en Colima se atiende hasta el triple, pese a que cuentan con poco personal.
Por su parte, el magistrado negó que esto ocurra, pues sólo se cerraron las puertas al público, pero seguirán laborando.
“Se están recibiendo promociones, demandas, se están llevando a cabo notificaciones o diligencias, que no significa la interacción con otras personas”, explicó.
Sin embargo, reconoció que podrían enfrentar algunos retrasos en asuntos, resoluciones y acuerdos que se emitan, ya que a raíz de la pandemia se volvió más lento del trabajo, bajó dinámica, pues estaban acostumbrados a recibir a toda la gente que lo necesitaba, sin cupos, y también porque ahora se tiene que sacar cita para muchos trámites que antes no lo requería, como la solicitud de expedientes.
Por: Karina Solano / Martha de la Torre