La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública afirma que la sanción a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. con inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, ratifican la estricta y permanente vigilancia de las contrataciones públicas para el beneficio de la sociedad.
La investigación contra esa empresa arrendadora derivó de una auditoría realizada en 2019 por la Función Pública referente a adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados.
A través de su cuenta de Twitter la secretaría Sandoval Ballesteros dejó en claro que durante esta administración "Ya no permitimos las malas prácticas del pasado" por lo que “estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad”.
Subrayó que “estas sanciones buscan inhibir las malas prácticas, pero también recuerdan la relevancia de impulsar una nueva relación del Gobierno de México con el sector privado, basada en la ética y la confianza, tal y como ya realiza la Función Pública con programas como el Padrón de Integridad Empresarial”.
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Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato
Tras una cuidadosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia de la empresa sancionada, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados.
El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro. Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos una unidad de mayor antigüedad.