Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y activistas hicieron un llamado a los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para garantizar los derechos humanos de los centroamericanos integrantes del primer éxodo migratorio de 2021.
Con ello piden el retiro de la Guardia Nacional y de la Sedena del operativo que implementaron desde Suchiate, en Chiapas, hasta El Ceibo, en Tabasco. Piden se apeguen estrictamente a los derechos humanos y que se garantice la posibilidad de solicitar condición de refugio.
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“Reconocemos la importancia de tener un gobierno entrante en Estados Unidos que ha mostrado un fuerte compromiso con las personas migrantes y solicitantes de asilo, lo que representa una oportunidad para los gobiernos de México y Centroamérica para generar políticas y gestión migratoria que respeten y promuevan los derechos humanos de la población en movilidad”.
En este contexto señalaron que incidirán frente al gobierno de Biden para que cumpla con su palabra, además ven en el presidente electo de Estados Unidos, una oportunidad para trabajar con el gobierno mexicano en el desarrollo de un plan de cooperación con Centroamérica para atender las causas de la migración en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución a personas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo; y atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19.
Precisaron que es necesario desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos. Además, que los gobiernos deben garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
Uniformados deben rendir cuentas
Para las organizaciones, es necesario promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos; y retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México.
Explicaron que la situación de precariedad económica extrema que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se amplió y profundizó considerablemente en el último año por la crisis económica que ha resultado de la pandemia de Covid-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta y Iota. Además, la población de los países centroamericanos se ve amenazada por un clima de violencia generalizada y la creciente represión estatal.
Por Jeny Pascacio