Los recientes fenómenos de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, impulsarán un aumento en la migración proveniente de centroamérica en los próximos meses y años, de acuerdo al reciente informe de la Red Nacional de Protección.
Titulado “Situación de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en México y el Norte de Centroamérica”, busca visibilizar la crisis agravada de los países del triángulo del Norte.
Durante este 2020, notaron que el número de personas que llegan a México en los éxodos o de otras formas, es constante y ha ido en incremento durante la contingencia sanitaria,
“Desafortunadamente, en el contexto de las caravanas, la reacción de los gobiernos de la región ha sido detener los flujos migratorios, incluso a través de mecanismos de represión, sin considerar el derecho a solicitar protección internacional ni las necesidades de las personas de grupos vulnerables que integran las caravanas”.
Tal como sucedió en enero en México; en el mes de octubre y el pasado 10 de diciembre en Guatemala, cuando la Policía Nacional Civil evitó que avanzan los grupos de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras.
Este mismo informe muestra que la Comisión Nacional de Ayuda para Refugiados aún tiene 80 mil solicitudes pendientes de resolver.
La mitad se encuentran contenida en Tapachula, Chiapas, consideró el activista Luis García Villagrán, sufriendo la violación de sus derechos humanos con el aplazamiento de los trámites de refugio hasta las detenciones arbitrarias y separación de familias.
Las cifras oficiales exponen que en solo dos años se duplicaron, de 93 mil 846 detenciones en 2017 a 182 mil 940 en 2019. El 15 y 30 por ciento de los presentados son menores de edad, pese a los estándares internacionales y las normas mexicanas que lo prohíben, siendo detenidas, además de que implica que no tienen los elementos para determinar el interés superior de la niñez.
Militarización
De nuevo, señalan la incapacidad de los elementos de la Guardia Nacional para identificar a personas con necesidad de protección internacional, “tampoco brindan la información pertinente”.
Esta formación militar es un riesgo para las personas que están siendo detenidas, “además de que implica que no tienen los elementos para determinar el interés superior de la niñez”.
De acuerdo a la documentación de las organizaciones de la sociedad civil, es necesario que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que solicite a los Estados para que garanticen los derechos de la población de personas migrantes, solicitantes de asilo refugiadas y desplazadas, independiente de su estatuto migratorio.
Mientras los gobiernos deben abstenerse de relacionar a la migración con factores de riesgo para la población, cesar las detenciones, brindar servicios de salud y hacer el llamado correspondiente para el apoyo financiero destinado a la reconstrucción.
En noviembre de 2020, la Tormenta Tropical Eta afectó a más de cinco millones de personas en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador; sólo en Honduras y Guatemala son más de 3 millones y 1,5 millones de personas afectadas.
Por: Jeny Pascacio