ARTURO ZALDÍVAR

SCJN: Ser funcional, la prioridad

Cambios al sistema judicial generan mayor impacto, señala reporte interno

NACIONAL

·
GIRO. El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, busca la transformación del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro

La iniciativa de reforma judicial no busca reflectores sino funcionalidad y lejos de continuar con la tradición de incendiar todo lo pasado, tiene como objetivo encontrar en las debilidades espacios para generar oportunidades de mejora.

Así lo señala un reporte interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre esta propuesta de modificaciones al Poder Judicial que este lunes y martes se discutió en el Senado, en un ejercicio de parlamento abierto. 

“Así, gana la justicia federal, y gana la sociedad con ejercicios de diálogo y colaboración entre los tres poderes, y con debates abiertos a las voces críticas, a la discusión y a la disidencia”, se precisa en el documento.

Los impartidores de justicia coincidieron en que su independencia debe fortalecerse y esta reforma, según el reporte, no quiere reinventar la justicia federal, sino potenciar los efectos buscados hace 25 años y así despojar a la Corte de su carácter de tribunal máximo de legalidad para convertirla en un tribunal constitucional que emite resoluciones que transforman vidas y realidades de las personas. 

“En un país acostumbrado a los cambios inmediatos y a las reformas mágicas, la reforma que ahora se discutió tiene una importancia especial, pues constituye una suerte de segunda parte de la emblemática reforma de diciembre de 1994”, se explica.

Uno de los cambios más relevantes que contempla esta iniciativa es que las controversias constitucionales dejen de verse en la Corte cuando plantean cuestiones de mera legalidad, lo que permitirá al máximo tribunal enfocarse en casos emblemáticos que han marcado conflictos políticos relevantes para el país. 

Estos asuntos que se dejarán de conocer deben ser atendidos por la justicia estatal, lo que significa mayor fuerza para los tribunales de las entidades. 

La propuesta prevé elevar a rango constitucional el Instituto Federal de la Defensoría Pública como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe de 2013, para darle mayor reconocimiento a la institución.

Por Diana Martínez