Este miércoles, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha anunciado que convocará a un referéndum sobre la polémica Ley anti LGBT+, que ha sido objeto de numerosas críticas por discriminar y estigmatizar al colectivo.
Con esto, el Gobierno de Hungría tratará de disipar la presión ejercida desde la Unión Europea para revocar la legislación, que según Budapest busca únicamente proteger a la infancia de delitos como la pederastia.
"Cuando la presión sobre nuestro país es tan grande, la única opción es que la propia gente de Hungría defienda a su nación", dijo en un video transmitido a través de Facebook.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía decir "NO" a dichos temas. Tomado como referencia la votación realizada hace cinco años, en donde se respaldó la posición en discusiones con la CE, en octubre del 2016.
Aquella vez la consulta fue sobre las cuotas de distribución de refugiados en la UE, la cual no ha sido valida ya que la participación no ha alcanzado el umbral del 50 por ciento.
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En este sentido, ha insistido en que las leyes húngaras "no permiten la propaganda sexual en jardines de infancia y escuelas, en la televisión y en la publicidad" y enfatizó que "Bruselas ahora está exigiendo una enmienda a la Ley de Educación y las normas de protección infantil".
Según Viktor Orban, la Unión Europea se está quejando de que en Occidente los 'Activistas LGBT van a jardines de infancia y escuelas donde realizan comentarios de materia sexual'
El primer ministro también aseguró que el colectivo busca hacer lo mismo en dicho país.
"Aquí también quieren hacer esto, por eso los burócratas de Bruselas están amenazando, iniciando procedimientos de infracción, es decir, abusando de su poder. El futuro de nuestros hijos está en juego, por lo que no podemos dejar de lado este tema", dijo.
Asimismo, Orban ha recalcado que Bruselas continua atacando a Hungría, como lo ha hecho durante las últimas semanas, en relación con la ley de protección infantil. En el referéndum, los ciudadanos húngaros tendrán que responder a una serie de preguntas sobre la introducción de clases sobre orientación sexual en las escuelas, la promoción de "tratamientos de reasignación de género" para menores de edad, la disponibilidad de los mismos, la inclusión de contenido sexual "mediático" o la exhibición de contenido "relacionado con el género" ante menores de edad.
Ley anti LGBT+
Es importante mencionar que el parlamento de Hungría aprobó el martes 15 de junio una ley contra la pedofilia y en la que se prohíbe hablar a los menores de edad sobre la homosexualidad o cambio de género en la escuela o en medios de comunicación, lo cual es una medida que justificaron podría ayudar a combatir la pederastia.
"La pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años", dijo el primer ministro.
Ante la polémica ocasionada, en un comunicado de prensa el gobierno que encabeza Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, justificó que “el proyecto de ley recientemente aprobado protege los derechos de los niños, garantiza los derechos de los padres y no se aplica a los derechos de orientación sexual de las personas mayores de 18 años, por lo que no contiene ningún elemento discriminatorio”.
Desviar la atención
Por otra parte, el alcalde ecologista de Budapest, Gergely Karacsony, reaccionó al anuncio del referéndum estimado que se trata de una estrategia para desviar la atención de los húngaros luego del que se desatara el escandalo de Pegasus.
"El escándalo de Pegasus estalló hace unos días. El gobierno tartamudea, no tiene respuestas, y luego llega la solución: ¡un referendum!", declaró Bernadett Szel, según lo señalado por AFP.
Para que un referéndum tenga implicaciones legales, es necesario que participe más de la mitad de los votantes registrados, según los cambios constitucionales de 2011, y desde entonces no se ha celebrado ningún referéndum válido.
El referéndum de 2016 sobre la migración sólo tuvo 43% de participación, por lo que fue anulado, aunque Orban lo declaró una victoria ya que más del 98% de los que votaron dijeron "no" al plan de cuotas obligatorias de reubicación de refugiados de la UE.