En el estacionamiento de un centro comercial, frente a un local de hamburguesas, fue donde en febrero pasado, el gobierno estadounidense empezó a dejar a los migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente desde México al pueblo fronterizo de Yuma, Arizona.
Sin mucho tiempo de haber atravesado la frontera, estos migrantes se habían entregado a la patrulla fronteriza, para después ser procesados y abandonados a su suerte en el estacionamiento.
Como todo extranjero, la mayoría no sabía que se encontraba en esa comunidad receptora de inmigrantes cultivadores de lechuga, no de solicitantes de asilo y así quedaban a la deriva.
Sin una estación de buses, ni albergue y un aeropuerto que solo tiene vuelos a dos ciudades, en la localidad de menos de 100.000 habitantes los migrantes quedaban a la deriva.
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Con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia el pasado enero, el número de cruces fronterizos ha aumentado exponencialmente y, de acuerdo a su propio gobierno, está en vías de alcanzar récords no vistos en 20 años.
El sector fronterizo de Yuma, que abarca más de 200 kilómetros de terreno desértico, es uno de los que ha visto un mayor incremento (más del 200%) en los cruces durante el mes de marzo, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Durante el mes de abril, 14 mil migrantes fueron interceptados en el sector, de acuerdo a datos preliminares obtenidos por la agencia AP.
Aunque la gran mayoría de los migrantes interceptados son expulsados de vuelta a México con el argumento de la pandemia, algunos son admitidos.
Así, todas las mañanas Fernando Quiroz "Fernie", nativo de Yuma, recibe una llamada del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en la que le indican el número de migrantes que liberarán ese día.
Fernando es profesor voluntario de lucha libre en la escuela secundaria local y ahora, también, se dedica a coordinar el recibimiento de los migrantes una vez quedan fuera de custodia
Hijo de inmigrantes mexicanos, Quiroz y otro grupo de locales han adquirido la responsabilidad de hacer pruebas de coronavirus a los recién llegados, pues el gobierno no las proporciona.
También se encargan de gestionar autobuses que los transportan a albergues en otras ciudades a diario. Mucho del trabajo se hace a partir de donaciones y gastos que luego tratarán de cobrar a la administración Biden.
"Las agencias federales están a tope. A veces los números (de migrantes) suben inesperadamente", dice Quiroz desde su centro de operaciones, un rincón de su sala con un pequeño escritorio.
Por otra parte, Vincent Dulesky, portavoz del CBP en Yuma, no precisó qué criterio se utiliza para permitir quién puede permanecer en este territorio y quién no, pero indicó que México "determina quién puede ser retornado" a ese país.
Aun así, las autoridades se han visto desbordadas, no sólo en Yuma, sino en localidades similares a lo largo de la frontera sur.
Las oficinas para procesar a los migrantes no dan abasto y en el caso de Yuma, en días recientes se habilitó una infraestructura temporal que puede albergar hasta a 250 migrantes por un límite legal de 72 horas.
Dulesky aclaró que la agencia no administra pruebas de covid-19, pero si sospechan que hay una persona enferma del virus, "los llevamos al hospital inmediatamente y ahí les hacen una prueba".
Son tantos los niños y bebés que llegan junto a sus padres que algunas salas del espacio tienen juguetes.
"Ahorita cuando se bajen, es cuando van a estar libres. Pa' mañana en la tarde ustedes están con su familia, ¿ok?", dice el profesor de lucha libre y coordinador, Quiroz, a bordo de un autobús de la Patrulla Fronteriza que trae a un grupo de unos 40 migrantes al sitio de testeo de covid-19.
Se escucha un aplauso que, más que euforia, lo que transmite es alivio.
En el grupo hay brasileños, ecuatorianos, rumanos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses. También hay personas con discapacidades, mujeres embarazadas y un bebé de apenas dos meses.
La mayoría cruzó desde México después de caminar en el desierto por horas y luego pasaron varias noches en la detención estadounidense.
El sitio de testeo son dos carpas dispuestas en un estacionamiento bajo el sol punzante de Arizona. Pero representa mucho más para los que llegan.
Es aquí donde por primera vez los migrantes tienen acceso a una red de wifi para llamar a sus familiares.
Los que llegan sin celular piden prestados a los voluntarios.
"¿Dónde estamos?", pregunta Rosario Zabala, una venezolana de 65 años que viajó junto a su esposo Eddie, que es diabético y sufrió un desmayo en el trayecto.
"Ya estamos aquí papá, estamos en Yuma", le dice a su hijo por teléfono.
Zabala recalca que buscó todos los mecanismos legales posibles para reunirse con su único hijo en Estados Unidos, pero le negaron el visado y no tuvo opción de pedir una residencia.
En su casa en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, la pareja dice que vivía sin acceso a los servicios básicos, como agua y gas y en un clima de inseguridad.
"Andábamos todos tullidos porque hacíamos todo a pie, no hay transporte. Ahora con el covid, menos", explica. "Sabía que venir así no es un delito, uno tiene derecho a pedir esta protección aquí. Así que eso hicimos", añade.
Lo peor ya había pasado, insistía la mujer, que cada tanto preguntaba dónde podía comprarse unos zapatos nuevos porque no quería "que su hijo la viera así".
El procedimiento si alguno de los migrantes da positivo es transportarlo a un hotel en Yuma donde será examinado todos los días hasta obtener un negativo, explica Amanda Aguirre, presidenta del Centro Regional para Salud Fronteriza, donde se administran las pruebas de covid a los migrantes.
El centro también contrató buses que transportan a los migrantes a localidades en Arizona y California, donde sí hay albergues.
"Es lo humanitario que hay que hacer. Pero por supuesto esto genera un gasto que estamos asumiendo y esperamos que nos reembolse el gobierno federal", dice.
El gobierno estadounidense no provee de un sistema de viviendas temporales para estas personas, por lo que muchas dependen del apoyo de familiares ya establecidos en el país.
En los albergues hay camas y comedores, y también les ayudan a reservar boletos aéreos para viajar a sus destinos finales.
Ahora se suma un nuevo e importante documento: el que les entregaron las autoridades de Estados Unidos, que les permitirá viajar dentro del país y contiene la información sobre su próxima audiencia de presentación para defender su caso en Florida.
En el albergue, los mismos migrantes que horas antes estaban tensos y agotados por fin se permiten la distensión.
Aunque la gran mayoría de los migrantes liberados en Yuma no se quedan allí, las autoridades locales advierten del problema que supone su paso.
El alguacil del condado de Yuma, Leon Wilmot, recorre en su camioneta pick up kilómetros de la valla que divide a Arizona de México, hasta que llega a un punto en el que no hay más barreras y se observa material de construcción y acero en el suelo.
"Todo esto quedó aquí abandonado, obviamente después de que el presidente (Biden) ordenara parar la construcción. Así que ahora nos han dejado con estas brechas a lo largo de los límites internacionales", dice.
A los pocos minutos se observa a al menos una decena de migrantes cruzando por esos espacios, la mayoría con bebés y niños.
"Se ha regado la voz", dice Wilmot, haciendo referencia al mensaje de Biden sobre su gobierno siendo más abierto con la migración. "Los carteles seguirán presionando su agenda, y nos afecta como comunidad que la Patrulla Fronteriza esté enredada en este tema humanitario en vez de ejercer su trabajo de vigilancia", advierte.
Aunque dice entender las razones que impulsan a los migrantes a viajar así, cuestiona que el gobierno no tenga la capacidad de manejarlo y que, llegadas las temperaturas extremas del verano, mueran más en el desierto.
Otros, como el alcalde de Yuma, Douglas Nicholls, temen que las ONG y redes de voluntarios se sobrepasen.
"Están ayudando con la crisis de migrantes, y eso está fuera de sus operaciones regulares. Me preocupa que excedan sus capacidades y terminen liberando a las personas directamente en las calles", dice.
Fernando Quiroz, el profesor de lucha libre que se dedica a tiempo completo a ayudar a migrantes, también reconoce su temor a que el aumento en las llegadas menoscabe la red de ayuda que por ahora brindan.