Continúan detectándose deficiencias en los centros de detención que albergan a miles de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos. Recientemente, expertos en bienestar infantil han mostrado preocupación luego de que se supiera que el gobierno de Biden no exige conocer los antecedentes penales de los encargados de cuidar a los menores de edad en las instalaciones implementadas por las autoridades.
La administración actual está concentrando sus esfuerzos en adecuar centros de convenciones y otros sitios para alojar ahí a los niños que continúan llegando a la frontera sin compañía de algún adulto. El propósito es sacar a los menores de los sitios impuestos por la Patrulla Fronteriza, los cuales están superpoblados y proporcionan condiciones inadecuadas para el bienestar de los infantes refugiados.
Sin embargo, la premura por encontrar nuevos lugares ha hecho que el gobierno descuide otros aspectos. El equipo de Biden renunció a los procedimientos de investigación implementados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cuales son útiles para conocer los antecedentes criminales de los cuidadores. Es decir, el personal y los voluntarios que se encargan de atender a los niños migrantes, no tienen que pasar por los controles de huellas dactilares de la agencia, los cuales hacen uso de bases de datos criminales no accesibles al público y que pueden detectar si alguien cambió su nombre o usa una identidad falsa.
Al percatarse de eso, expertos y encargados de procurar el bienestar de los infantes hacen un llamado a las autoridades para que estas medidas vuelvan a aplicarse, ya que no hacerlo puede exponer a los menores a peligros y abusos.
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Al respecto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió un comunicado el pasado viernes 26 de marzo donde indica que los empleados sí pasan por verificaciones de antecedentes penales de registros públicos. Sin embargo, éstos dependen de que la persona proporcione información correcta. Por ende, pueden esquivarse fácilmente.
Ante esta situación, Laura Nodolf, la fiscal de distrito de Midland, Texas señaló lo grave que es destinar personal sin pasar por las pruebas de huellas dactilares:
"Realmente no sabemos quién es la persona que brinda atención directa. Eso es colocar a los niños bajo el cuidado de HHS en el camino, potencialmente, de un delincuente sexual. Están poniendo a estos niños en una posición de convertirse en víctimas potenciales".
El gobierno de Biden tiene una gran responsabilidad en sus manos, pues 18 mil niños y adolescentes están bajo su custodia actualmente, y es posible que el número crezca significativamente en tan sólo cuestión de semanas.
DFC