Desde el 31 de octubre de 2013, la firma de abogados especializada en materia constitucional y penal, García González y Barradas Abogados (GGyB), ha ofrecido asesoría legal de la más alta calidad a más de 100 clientes tanto nacionales como internacionales, así como a personas físicas y morales, siempre con apego total a la ley y a los valores éticos y morales que rigen en México.
Esta firma se ha destacado por su profesionalidad y desempeño con integridad y transparencia. Es coordinada por Roberto García y Guillermo Barradas, quienes son expertos en múltiples áreas del derecho y siempre ofrecen las estrategias más adecuadas para la resolución de diversos temas.
En sus casi 10 años de trabajo, han privilegiado los intereses de sus clientes, con total compromiso y lealtad, realizando un análisis exhaustivo de sus asuntos, lo que ha permitido la consolidación de esta firma de abogados y su posicionamiento como una de las más serias e intachables en el país, así como de gran reconocimiento nacional e internacional.
De acuerdo con la revista Líderes Mexicanos, algunos de los casos que han defendido están el de Virginia Silvestre Valdez, una mujer indígena a quien se le sentenció por homicidio; el de Érika Selene Mota Dosal, que fue víctima de tentativa de feminicidio y el de los Consejos de Administración y Vigilancia del Caso Cruz Azul, entre otros.
En una entrevista realizada por esa revista a los coordinadores de esta reconocida firma, se les preguntó sobre las características de su equipo de trabajo a lo que respondieron:
“Para el debido desempeño de nuestra firma, GGyB ha tenido un extenso y comprometido equipo de abogados expertos y dedicados a la práctica del derecho penal y constitucional, quienes gracias a su capacidad, trabajo, profesionalismo, constancia y esfuerzo, han logrado los resultados esperados por nuestros clientes en el éxito de los asuntos encomendados, siempre mediante la definición y ejecución de las estrategias legales que consideramos más eficientes y adecuadas. Promovemos las acciones legales y los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes, con total transparencia y apego a la ley, en pleno respeto a las autoridades tanto administrativas como judiciales que han conocido de los procedimientos en los que hemos intervenido y, conforme a los estándares éticos que nos caracterizan”.
En cuanto a los asuntos pro bono refieren: “Los abogados penalistas tenemos la obligación de desempen~ar nuestra actividad profesional al servicio de la sociedad, por lo que la función de ayudar a la gente que lo necesita para tener acceso a abogados que, con capacidad, estructura, estudio, profesionalismo y e´tica represente sus intereses tanto como defensores como asesores victimales, sin costo alguno. Resulta fundamental para nuestra firma por lo que, al día de hoy, patrocinamos una veintena de casos que incluyen desde la defensa de mujeres en situación precaria en la cárcel acusadas injustamente de homicidio, hasta asesoría de víctimas en incumplimiento de obligaciones alimentarias como defensa de incapaces acusados de delitos. Este tipo de asuntos constituyen una pieza fundamental en nuestra práctica profesional”.
