El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó los topes de gastos de campaña para candidatos a juzgadores, permitiendo que superen los 220 mil pesos en 60 días. Esto responde a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló el límite único previamente establecido.
Además, el INE reconoció omisiones en rubros como viáticos y hospedajes. A su vez, la falta de resolución sobre impugnaciones ha retrasado la capacitación en fiscalización para los aspirantes, generando incertidumbre en el proceso electoral. De acuerdo con el abogado Eduardo Santillán, experto en temas de justicia, este nuevo modelo obliga a los aspirantes a idear estrategias de comunicación creativas y de contacto directo con la ciudadanía.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había establecido originalmente un límite de gasto de 220 mil pesos, equiparable al monto permitido para un candidato independiente a diputado federal. No obstante, el Tribunal Electoral revocó este criterio y ordenó su reconsideración.
Ahora se estima que el gasto permitido oscilará entre un millón y un millón y medio de pesos", detalló Eduardo Santillán en entrevista con Selene Flores y Heriberto Vázquez en el programa de Informativo de Fin de Semana, en Heraldo Radio, que transmite en la señal de El Heraldo Media Group.
Sin embargo, la restricción de financiamiento impone un modelo de campañas austeras. Los candidatos no podrán utilizar espectaculares, contratar publicidad en radio, televisión o redes sociales, lo que los obliga a recurrir a estrategias tradicionales como la entrega de volantes, dípticos y pósters en papel reciclable. Además, podrán participar en foros organizados por universidades, organizaciones civiles y el sector empresarial.
Nos enfrentamos a un gran reto, pero también a un parteaguas en la forma de hacer campaña. Se demostrará que es posible competir sin derroche de recursos públicos y sin que la capacidad económica determine el éxito de una candidatura", afirmó Eduardo Santillán.
Financiamiento a aspirantes al Poder Judicial
El financiamiento provendrá exclusivamente de los recursos personales de cada aspirante, quienes podrán gastar hasta 3,672 pesos diarios.
El INE no aportará fondos, ni se permitirá recibir donaciones de personas físicas o morales. Esto obliga a los candidatos a costear su campaña con su propio dinero", agregó el abogado.
La fiscalización también representará un desafío, dado el alto número de aspirantes. "El INE implementará un seguimiento en tiempo real para garantizar la transparencia en el uso de los recursos", explicó Santillán. Así, se busca evitar irregularidades y asegurar la equidad en la contienda.
Ante este panorama, la responsabilidad de los ciudadanos cobra una importancia crucial. "El contacto directo será fundamental: escuchar las propuestas de los candidatos cuando toquen a la puerta, asistir a foros y mantenerse informados a través de redes sociales", concluyó Eduardo Santillán.
