En entrevista con Verónica Sánchez para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, la consejera electoral, Dania Ravel, explicó que los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral tienen por objetivo fiscalizar los procesos y actividades de propaganda de los aspirantes presidenciales, así como establecer el tope de gastos por 34.3 millones de pesos.
"Lo que pretendemos es dar ciertas claridades respecto a la propaganda que sí se puede hacer y no se puede hacer y también de los gastos que pueden tener e incluso cómo lo tienen que reportar al INE", indicó.
Respecto al límite de gastos, Ravel señaló que no todos los consejeros del INE coincidieron en este punto, ya que para algunos el tope de poco más de 34 millones para cada aspirante que está participando en los procesos políticos, es excesivo.
"Me parece que es bastante alto, pero bueno así se aprobó por la mayoría", manifestó.
Aclaró que el Instituto no empezó a actuar a partir de la instrucción que dio la Sala Superior, pues ya se había ordenado que se hiciera un monitoreo a nivel nacional para poder levantar las actas y tener constancia de lo que había. Destacó que eso se cuantificará y se hará la diferenciación, es decir, si va a ser para los procesos políticos, para el gasto ordinario que tienen que reportar y comprobar cada año los partidos aunque no estén en proceso electoral, o si se va a contabilizar como actos de precampaña o campaña.
Para asegurar que se cumplan estos lineamientos, se dará seguimiento por parte de las personas verificadoras del INE que acudan a los eventos que se realicen, sin exponerlas a una posible agresión, apuntó la consejera.
En cuanto al costo de las encuestas, dijo que se tendría que abonar otros recursos al gasto ordinario de los partidos políticos, así como a las encuestas que se difundan, aunque no hayan sido contratadas por las personas involucradas, pues se les hace promoción, "eso también se va a contabilizar", aseguró.
Respecto a los aspirantes que se encuentran en un cargo público, comentó que no hay ninguna disposición que obligue a un servidor público que esté inscrito en un proceso político a dejar su cargo, pero existen restricciones: no usar recursos públicos para su promoción ni desatender sus funciones.
