La defensa legal del exalcalde de Toluca, Raymundo “N” acusó que en la acusación de secuestro exprés para cometer extorsión existe una deficiente investigación y una teoría fallida, luego de que la víctima y ofendido se rehusaron a presentarse, como otro medio de prueba, que es un teléfono.
Este martes, la audiencia de continuación se extendió por más de cinco horas en el que hubo debate sobre elementos de pruebas, aunque será hasta mañana en que se defina o no la vinculación a proceso.
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Presentan pruebas contra el implicado
La defensa legal del político presentó dos periciales y el testimonio de un especialista en informática forense, además leyó sobre la información requerida sobre dos teléfonos donde hay mensajes y llamadas relacionados al delito imputado.
Además, exhibió que no se presentaron las víctimas del caso, la exesposa de Raymundo “N” y su papá, y que ella no presentó un teléfono celular.
Así como ellos, tampoco llegaron otros cuatro testigos, entre ellos un Policía de Investigación (PDI) y un Ministerio Público (MP).
En todos los casos, el Ministerio Público argumentó que se giraron los citatorios, aunque en el caso de las víctimas no se les ubicó en su domicilio, y por parte de los funcionarios no se dio el argumento para ausentarse.
El grupo de abogados entregó las dos periciales practicadas y llamó como testigo al perito en informática forense que las realizó. En el ejercicio exhibió que en la USB había indicios de 19 archivos, aunque solo aparecían 18, que no hubo cadena de custodia, y en segundo que no se presentó el teléfono y no hay certeza de quién sea su poseedor.
En dicho contexto, acusó que se está ante una investigación deficiente y una teoría falaz, ante ello se negó que se encuadre de la participación de Raymundo “N” en el secuestro exprés de su exsuegro el 12 de abril del 2023, más que una supuesta llamada.
Asimismo, enfatizó que tampoco da lugar al delito extorsión a partir de un diario, porque no hubo un beneficio o daño patrimonial, porque este no puede ser cuantificado.
Finalmente, cuestionó que la denuncia por secuestro exprés en su modalidad extorsión la haya presentado cinco meses después de los hechos, y posterior a seis declaraciones para dar cuenta de que fue víctima de agresiones verbales y atentados.
El Ministerio Público y el asesor legal ratificaron que existen elementos de prueba para que exista una vinculación a proceso.
DRV
