La Miscelánea Fiscal para 2022 plantea obligar a los contadores públicos que elaboren dictámenes fiscales a informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando las empresas tengan incumplimientos con la normatividad aduanera y fiscal, o hayan cometido una conducta que pudiera constituir un delito.
“Lo que se pretende es que los contadores sean un brazo fiscalizador de la autoridad, lo cual complica su función y su independencia; el alcance de su trabajo es muy diferente a lo que propone la autoridad”, destacó Manuel Rico, socio de impuestos corporativos de KPMG en México.
Según la propuesta contenida en el Paquete Económico 2022, los contribuyentes que en el ejercicio fiscal anterior hubieran declarado ingresos superiores a 876 millones 171 mil 996 pesos, y las empresas que tengan acciones colocadas en el público inversionista y en la Bolsa de Valores van a tener la obligación de dictaminar sus estados financieros con un contador público.
“Con esta propuesta estos profesionales van a tener una posición de riesgo, porque como está redactado, cualquier irregularidad por pequeña que fuese estaría obligado a revelarla cuando el alcance de su trabajo es totalmente diferente”, advirtió el especialista de KPMG.
Añadió que con esta iniciativa, los contadores podrían ser acreedores a penas de tres meses a seis años de cárcel.
“Hablamos de algo subjetivo, porque al final esto se deja a juicio de la autoridad fiscal”, dijo Rico.
Eugenio Grageda, socio de la práctica fiscal de Holland & Knight, expresó: “Todos los cambios propuestos están encaminados a fortalecer la fiscalización, la evasión y elusión fiscal, pero en algunos aspectos la autoridad está dificultando la operación de las empresas”.
Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, en entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en El Heraldo Radio, dijo que las medidas propuestas reflejan una mejoría recaudatoria.
dza