De 2018 a 2020, el riesgo de corrupción aumentó en 59 por ciento de las dependencias del gobierno federal y las de salud son unas de las que mayores aumentos tienen, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
“Vemos un deterioro en el riesgo de corrupción por la falta de competencia, transparencia e incumplimiento de a ley, más de la mitad de las dependencias federales (147) tuvieron un peor puntaje en 2020”, comentó Fernanda Avendaño investigadora del área de Anticorrupción del Imco.
En conferencia de prensa virtual, Avendaño indicó que hay hallazgos importantes en la evolución de riesgo de las instituciones de salud, pues el año pasado, 66 por ciento de éstas empeoraron su desempeño en prácticas que las hacen más propensas a caer en delitos de corrupción.
De acuerdo con los datos recabados por el Imco, las instituciones de salud aumentaron la compra a través de adjudicaciones directas, además registran un menor cumplimiento con la ley.
Destaca que 24 por ciento de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet.
Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del instituto, indicó que en 2020 el monto por adjudicaciones directas rompió récord de historia “es la primera vez desde que se tiene registro, que el dinero que es destinado a adjudicaciones directas supera al destinado a licitaciones públicas”, precisó el especialista.
Cabe señalar que la Secretaría de Marina asignó 96 por ciento de su presupuesto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (24 por ciento).
Mientras que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa por la falta de competencia, pues en 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99 por ciento fue adjudicado directamente.
CFE y Pemex, opacas
Avendaño informó que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por ambas empresas no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
SSB