En 2020, dependencias de la administración federal y de gobiernos locales otorgaron 25 mil 881 millones de pesos en contratos públicos, pero sin contar con la revisión del Registro Federal Contribuyentes (RFC), del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Si bien, esta cantidad es menor a la reportada en 2019, cuando fueron 37 mil 551 millones de pesos los otorgados, la cifra representa 22 por ciento del total de los convenios asignados en 2020.
En todos los casos, el registro no incluyó el RFC de las empresas o personas, lo que contrasta cuando se verifica y se anota la clave de Hacienda en el expediente de la asignación.
El Artículo 61 y el 48 de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, respectivamente, indican en su inciso A de la fracción 5, que para acreditar la personalidad de los licitantes se puede exhibir el RFC, incluso de los representantes legales, no obstante, no existe ninguna obligación para presentar el documento.
Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, señaló que esta omisión implica un alto riesgo de corrupción.
“Esto apunta a que no le interesa la transparencia ni la rendición de cuentas al gobierno. También quiere decir que las personas físicas y morales pueden ser contratistas sin estar al corriente en sus cuentas fiscales”, apuntó.
El SAT fue cuestionado sobre su punto de vista de que las dependencias no verifiquen esta información, pero al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.
Por Everardo Martínez