Este fin de semana, durante su gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la regularización de los autos chocolate procedentes del extranjero.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores A.C., comentó que no están de acuerdo con esta medida porque es reconocer la legalidad de actos que han estado apartados de la ley y porque lejos de beneficiar a las familias de bajos ingresos propietarias de estas unidades, se está favoreciendo a los grupos criminales que introdujeron el contrabando, lo comercializaron y obtuvieron ganancias de ello.
Además, aseguró, también se beneficia a las burocracias corruptas del ámbito municipal, estatal y federal, que toleran, impulsan y se benefician de prácticas delictivas.
"Estos vehículos además se utilizan, algunos de ellos, para la comisión de delitos. Esta medida que se adopta está equivocada de principio porque la comisión de delitos se origina en la debilidad institucional del Estado mexicanos y en la falta de políticas públicas para poder prevenir y combatir el delito", aseguró.
Es una ilusión pensar que una vez que los autos estén legalizados, quienes cometen los delitos, van a dejar de hacerlo, ya que estarán utilizando otros instrumentos para ello, porque además se carece de un registro público vehicular que contengan información oportuna y confiable.
Rosales Zárate destacó que el registro vehicular que se tiene desde 2004 nunca ha funcionado, y en estos momentos no es más que un cascaron.
"Antes de regularizar el contrabando se debió ir a la raíz de los problemas, fortalecido el registro público vehicular y terminado con flujo que sigue entrando de contrabando automotriz y posteriormente haber hecho un programa estratégico de desarrollo regional, para dotar de infraestructura de transporte urbano.
Dijo que el sector automotriz viene con cuatro años de números negativos, primero tras el cambio de gobierno y después por la pandemia de covid-19.
Finalmente, indicó que si esta medida se utiliza únicamente en los estados de la frontera, el impacto sería menor, pero si se lleva a cabo en todo el país, podría llegar, en el marco de dos años, a implicar una caída de 20 o 30 por ciento para el sector.