En su gira de trabajo por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la regularización de los autos chocolate procedentes del extranjero, con el objetivo de combatir esta práctica y recabar alrededor de mil 300 millones en el estado, ya que se estima que hay aproximadamente 500 mil vehículos irregulares.
Y es que de acuerdo con la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en 10 meses se emplearon 370 autos para cometer varios ilícitos.
En entrevista para el Informativo Fin de Semana, José Zozaya, presidente de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó que les preocupa las consecuencias de este decreto, porque "se está legalizando lo ilegal".
Un auto chocolate es aquel que entró al país ilegalmente, de contrabando, y afectará a todo el sector que está debidamente establecido en el país.
"Nosotros representamos a las armadoras que existen en nuestro país y que han invertido miles de millones de dólares, creando empleos para mexicanos y esto le golpea fuerte a las armadoras y distribuidoras de automóviles, inversionistas mexicanos que han invertido varios cientos de millones y vas a privilegiar un grupo ilegal", expresó.
Agregó que para la industria automotriz se vienen muchas presiones para implementar las nuevas normas oficiales, ya que hay nuevos requisitos en materia económica y en seguridad.
"La idea es muy loable, apoyar a gente de escasos recursos que se pueda hacerse de un auto, pero esa no es la forma, hay un decreto previamente para la importación legal de vehículos firmado en diciembre del año pasado, así se debió de haber hecho, nosotros apoyamos cualquier medida para apoyar a gente de escasos recursos, pero le vas a pegar a gente que con gran esfuerzo se ha hecho de un carrito usado en México, cuyo modelo sea similar a los modelos que se van a importar o que ya se importaron, porque van a bajar de precio, porque va a saturar este mercado".
Además, indicó Zozaya, de acuerdo con el T-MEC, se permitirá el acceso a autos viejos y "chatarra", que entraron ilegalmente al país y no se sabe si son robados en Estados Unidos, porque no hay registro de ellos.
Dijo que aunque han tenido reuniones con las autoridades, sus argumentos no han sido tomados en cuenta, pero mañana se reunirán nuevamente con la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, señaló que este decreto afecta principalmente a las ventas del mercado local, así como al Estado de Derecho y crea una desconfianza para la inversión extranjera y nacional.