Tras la aprobación por parte de los diputados locales vía “fast track” de la propuesta de ley presentada por el gobierno estatal de Aguascalientes, la cual contempla la creación del delito de “sabotaje”, que estaría penalizado con sanciones que van desde los 5 y hasta los 20 años de prisión, una multa por hasta 12 mil días de salario mínimo y la obligación de cubrir en su totalidad el daño causado; la activista e integrante de Cultivando Género, Angélica Contreras, nos comparte su postura.
La activista criticó tres puntos: el primero, la aprobación “fast track” de la legislatura local, pues la iniciativa fue presentada apenas el 25 de octubre, dictaminada y finalmente subida al pleno este 1 de noviembre.
“El Congreso tiene un rezago legislativo que es abrumador y todo lo que está mandando la gobernadora lo están aprobando en una semana y a modo. Hay iniciativas que están pendientes y que no han aprobado; una de esas es la del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que va a cumplir un año esperando ser aprobada”.
Angélica Contreras, Activista e Integrante de Cultivando Género.
El segundo punto examinado por Contreras, es que todos los asuntos los quieren enjuiciar mediante la vía penal, considerando que la justificación de la iniciativa es que la persona que cometa el delito por “sabotaje” irá a prisión preventiva oficiosa, es decir, durante el proceso.
“La Corte les ha dicho a los estados que no pueden mandar a las personas a prisión preventiva oficiosa nomás porque sí, y en este tipo de delitos que implica el daño a las cosas, no me parece ser que de lo suficiente como para mandar a las personas a prisión preventiva oficiosa, considerando el rezago que existe en materia al acceso a la justicia de casi un 97%”.
El tercer punto es la ambigüedad de la propia ley, ya que esta se puede tomar a distintas interpretaciones al no especificar con detalle “Si el daño se causa en bienes con valor cientifico y artístico” y si afecta “las funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones”.
“La dejaron muy a interpretaciones y el Código Penal no puede prestarse a interpretaciones, tiene que ser muy precisa. A partir de eso, ante los movimientos que hemos visto con esta administración se puede prestar y justificar la represión”.
En este sentido, la activista aseveró que con esta ley se estaría violando el derecho a la manifestación y por ende a la libertad de expresión. Comentó que la ley tendría que ser analizada con todo y las modificaciones que se realizaron al final, para así, echarla abajo mediante un amparo o bien, una acción de inconstitucionalidad.
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