El pasado 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos; con esto, el gobierno federal recibirá 68 mil 400 millones de pesos.
El combate a la corrupción ha sido uno de los principales estandartes de la llamada Cuarta Transformación, el as bajo la manga del presidente López Obrador. Aunque si bien algunas acciones alrededor de este tema son de aplaudir, hoy podemos decir que el combate a la corrupción y la búsqueda de justicia sigue estando bajo el lema juarista “A los amigos justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”. La nueva víctima de esta persecución guiada por el dedazo fueron los fideicomisos, pero no todos.
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Ante la crisis por la que pasamos debido a la pandemia de COVID-19, el Gobierno ha tenido que buscar fuentes para contar con los recursos suficientes para enfrentar la pandemia. Esto llevó a que la iniciativa para eliminar los fideicomisos públicos, que se promovió desde abril, con los que se financiaban un gran número de instituciones destinadas al desarrollo científico, a la cultura, a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas, entre otros fines, fuera aceptada por los legisladores bajo el argumento de que su figura jurídica fomentaba la “opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos”. La promesa fue que los beneficiarios de éstos no se verían afectados, ya que se eliminaría la figura jurídica de los fideicomisos, pero los recursos no se usarían para otros fines; es decir, solo se estaba haciendo para promover la transparencia. Entonces, ¿por qué mientras eliminaron los fideicomisos para algunos, aumentaron los recursos para otros?
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló en un análisis que los recursos de los fideicomisos destinados a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), aumentaron en un 1,048% entre el tercer y cuarto trimestre del 2019. Hoy, los fideicomisos de la SEDENA son de $31,980 millones de pesos, en comparación con $2505mdp que se reportaron en el tercer trimestre de 2019. El 94% de esta suma está destinada a un apartado nombrado “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, el que en 2012 la Auditoría Superior de la Federación concluyó que “carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos”. Para ponerlo en perspectiva, si sumamos los recursos que se daban a los 26 centros de investigación de la CONACYT, tan solo representan el 2.5% del total de los fideicomisos destinados al Ejército.
Básicamente, hoy se le está dando una suma como en ningún otro Gobierno al Ejército, que es importante, ya que 2019 fue el año más violento de México en la historia reciente, pero cabe preguntarnos en dónde se ven reflejados tantos recursos destinados al Ejército. Si los demás fideicomisos fueron retirados, aunque sea de forma temporal, ¿no se tendría que incluir también a la gran cifra que se le da al Ejército? ¿Qué nos revela esto de las prioridades del Gobierno?
Sin duda la seguridad pública tiene y debe ser una prioridad del Estado, ya que no existe bienestar sin seguridad, pero si lo que se critica es la figura jurídica de los fideicomisos, entonces tendría que ser parejo para todas las instituciones, y más aún para una a la que la Auditoría acusó de tener procesos poco transparentes. Ha quedado muy claro, desde antes de que AMLO ganara la Presidencia, que el Ejército es una de sus instituciones predilectas, entonces ¿a esta “justicia y gracia” y a los demás aplicar “la ley a secas”? Ni siquiera es solo la gracia al Ejército, pero también es más poder, más peso, más importancia.
En un país como México, en el que durante toda la historia se le ha dado poca importancia a la promoción de la ciencia y la tecnología, en el que la cultura se percibe como un lujo y no como una prioridad, en el que los derechos humanos son todo menos universales, en el que a los periodistas se les persigue como si los criminales fueran ellos, en el que el deporte queda hasta abajo de la lista de prioridades, eliminar los fideicomisos es dar un mensaje de que poco le importa al Gobierno si se quedan desamparados los beneficiarios. Sin darse cuenta, o tal vez sí, eliminar la ayuda es darse un tiro en el pie. Es jugar a las fuercitas, mientras que la ciencia, la tecnología, la cultura y los derechos humanos impulsan para adelante, el gobierno los lleva para atrás. Es la hipocresía en todo el sentido de la palabra. Terminar con la corrupción es y siempre será una causa que apoyo, pero que sea parejo, que sea congruente, que sea para todos. Si a unos les van a dejar los fideicomisos porque son los consentidos del Señor presidente y a otros a quitar porque carecen de importancia para él, entonces eso no es justicia; eso es hipocresía.