La Fiscalía de Jalisco está de nuevo en el ojo del huracán. Esta vez abrió una investigación por apología del delito tras un concierto en el Auditorio Telmex, donde sonaron corridos e imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG.
Y es que la institución, encabezada por Salvador González, todavía no puede explicar su fallida actuación en el caso del rancho de Teuchitlán, uno de los episodios más oscuros de violencia en el país. Durante meses, la Fiscalía estatal ocultó hallazgos, manipuló evidencias y tuvo que llegar la FGR a enmendarles la plana.
Con más de 15 mil desaparecidos y una ciudadanía que ya no denuncia porque no confía, la Fiscalía jalisciense perdió lo único que no se puede perder en justicia: la credibilidad. Ahora intentan lavarse la cara, pero el desastre sigue ahí, y Salvador González también.
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JAVIER MAY ROMPE CON MILITARES. Me cuentan, desde el Palacio de Gobierno en Tabasco, que el gobernador Javier May nunca ha tenido buena relación con los militares, ni siquiera para el diseño de la estrategia estatal en materia de seguridad. Por eso las “renuncias” en su gabinete. Nunca hubo cercanía, y decidió cortar de tajo: se fueron el fiscal José Barajas, el secretario de Seguridad, Víctor Hugo Chávez, y el jefe de la Guardia Nacional en el estado, Ignacio Murillo. Todos cercanos entre sí, y también al exgobernador Adán Augusto López.
El reto para quienes lleguen a esos cargos será enorme, recuperar el control en una entidad reventada por la disputa entre el CJNG y La Barredora.
Javier May no sólo tiene la obligación de devolverles la paz a los tabasqueños; también debe romper con la simulación y asumir el costo político de una limpia real. Porque mientras los cárteles se disputan el estado, las instituciones de seguridad siguen infestadas de cuotas, lealtades heredadas y complicidades silenciosas. No estaría nada mal que, en lugar de giras cómodas, el gobernador caminara las zonas más golpeadas por la violencia. Ahí donde el Estado ya no existe.
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ENRIQUE GALINDO Y SU DESPRECIO POR LOS INDÍGENAS. Una vez más el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, está en problemas. El Tribunal Electoral del Estado le acaba de revocar la elección de Palmira Flores como directora de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, por no haber emitido la convocatoria en las lenguas maternas de los pueblos originarios, como marca la ley.
El colmo, dicen, es que Flores ya había estado en el cargo durante el primer trienio de Galindo, y demostró una mezcla de incapacidad y desconocimiento absoluto de las comunidades a las que supuestamente representa. Aun así, Galindo la quiso imponer.
Ahora el Ayuntamiento tiene cinco meses para reponer el proceso con una consulta a las comunidades Mazahua, Otomí, Mixteca baja, Tének y Náhuatl, que ya alzaron la voz en pleno Centro Histórico. Sin embargo, el alcalde sigue como si nada, indiferente, arrogante y profundamente ignorante de la ley.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
@SOFIGARCIAMX
PAL
