Por más que se empeñen en negarla, la tragedia de los desaparecidos en México no se borra con declaraciones huecas ni con teatrales montajes desde el poder. El intento por minimizar o desaparecer del discurso público esta catástrofe humanitaria no solo es un acto de cinismo: es una traición flagrante al deber más básico del Estado proteger la vida y la dignidad de sus ciudadanos.
Gerardo Fernández Noroña, en una muestra grotesca de negacionismo, afirmó hace poco que la desaparición forzada ya no existe en nuestro país. No solo mintió. Agravió brutalmente a las más de 100 mil familias que, con palas, fotografías y rabia, siguen escarbando fosas, confrontando archivos y recorriendo morgues. Sus palabras, lejos de ignorancia, reflejan una política deliberada de encubrimiento. Callar la verdad ya no es omisión: es complicidad.
Y no se detuvo ahí. En su prisa por defender lo indefendible, arremetió contra el presidente del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, acusándolo de extralimitarse por señalar que en México estas prácticas ocurren de manera sistemática. ¿Qué parte de sistemática no entiende el senador? ¿La que implica repetición constante con participación directa o aquiescencia del Estado? ¿O la que desnuda el fracaso estructural del país para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes? Su investidura exige seriedad, pero él ha optado por la propaganda.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy más que nunca merece ir entre comillas, se ha convertido en una caricatura de sí misma. Negó recientemente que exista una crisis de desaparecidos en México y, con total desparpajo, descalificó la labor de las misiones internacionales. ¿Qué clase de institución se atreve a desmentir la evidencia con tal soltura? Su presidenta, Rosario Piedra, ha hecho de la omisión su método de trabajo. Guardar silencio frente a las víctimas, repetir sin matices los discursos oficiales, callar ante las cifras atroces. Todo eso configura más que pasividad: es una forma de violencia institucional.
La Cancillería y la Secretaría de Gobernación no se quedan atrás. Insisten, con terquedad y descaro, en que las desapariciones son obra exclusiva de particulares. Es una narrativa que pretende aislar los hechos, despolitizarlos, convertirlos en delitos comunes sin rostro ni contexto. Pero los datos la desmienten. Según Data Cívica, entre 2006 y 2022 se documentaron más de mil quinientas desapariciones y asesinatos cometidos directamente por autoridades estatales o federales. No eran criminales disfrazados de policías. Eran policías. Eran militares. Eran agentes del Estado.
La realidad es que no solo mienten: ni siquiera se toman la molestia de mirar. No leen los informes, no escuchan a las madres buscadoras, no visitan las fosas. No les interesa. ¿Para qué hacerlo, si pueden barrer los cuerpos debajo de la alfombra y borrar cifras del registro oficial? ¿Para qué enfrentar la verdad, si pueden modificar bases de datos y jugar a que la crisis se resolvió por decreto?
Los casos recientes son brutales. A finales de febrero, diez jóvenes fueron secuestrados entre Huatulco y Zipolite, en Oaxaca. Nueve aparecieron muertos, 400 kilómetros al norte. Dos funcionarios fueron detenidos: un exjefe de la Agencia Estatal de Investigación y un agente del Ministerio Público. No eran “particulares”. Eran la autoridad misma. ¿Cuántos más estarán involucrados, pero siguen impunes?
Solo en esa región, en dos meses, han desaparecido 16 personas. Y sin embargo, desde Palacio Nacional, desde las dependencias y tribunas, se insiste en repetir el mantra: “todo está mejor que nunca”.
Hoy México arrastra más de 127 mil reportes de desapariciones. Hay 72 mil cuerpos sin identificar. Desde 2007, se han descubierto casi 6 mil fosas clandestinas. Negar esta tragedia no es simplemente una torpeza política. Es una afrenta a la memoria, a la justicia y a la humanidad.
La verdad incomoda, lastima. Pero ocultarla, tergiversarla o desecharla es una forma más de violencia. Y en este país, ya no caben más mentiras ni más muertos invisibles.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
PAL
