Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia es el respeto a la ley. La ley, ciega como es o debería ser, nos garantiza deberes y derechos iguales para todos y desde luego justicia. Digamos que las leyes regulan el respeto que nos debemos unos a otros para poder vivir en sociedad. Sin ser abogada, simplemente como cualquier ciudadana, aspiro a una impartición de justicia que no tolere la impunidad y sea capaz de hacer justicia de acuerdo con las reglas que nos hemos dado.
En la medida que la ley se desobedece o desconoce, los derechos humanos y las libertades se ven limitados; por lo tanto, la seguridad de todos se pone en riesgo. Esto, que parece tan básico y elemental para garantizar la convivencia humana, es continuamente vulnerado por algunos personajes poderosos. No hay democracias perfectas, pero hoy sin duda estamos en problemas.
Hace unos cuantos días, en Estados Unidos, su presidente rompió abiertamente el pacto social que conlleva el respeto a la ley. Trump, sin reparo alguno, decidió desobedecer al presidente del Tribunal del Distrito de Columbia, James E. Boasberg, quien ordenó con bases legales impedir que 300 venezolanos indocumentados fueran deportados a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Deportación llevada a cabo sin juicio alguno ni documentación conocida de por medio.
Para lograr esto, recurrió a una Ley de Extranjeros de 1789 que, de acuerdo con su interpretación, permite expulsar a personas consideradas una amenaza para EUA. Las razones que adujo el habitante de la Casa Blanca es que estos 300 seres humanos pertenecían al conocido grupo delincuencial de Venezuela “Cártel de Aragua” y que, por lo tanto, podrían ser no solo expulsados, sino también encarcelados en un reclusorio del país gobernado por el dictador Bukele.
Vale la pena recalcar que no existe -hasta el momento de escribir este texto- ni ha sido dado a conocer ningún acuerdo o convenio entre EUA y El Salvador que ampare la legalidad de dicha maniobra de deportación y encarcelamiento. Es más, la Casa Blanca ha insistido en que ninguna de las decisiones del jefe del Poder Ejecutivo puede ni debe ser cuestionada por juez alguno. En fin, para decirlo claro y llano, nuestro poderoso vecino del norte está sufriendo una crisis constitucional por la desobediencia de Trump a una orden del Poder Judicial.
La discriminación, el racismo, la criminalización de los migrantes, la homofobia, la misoginia, entre otros prejuicios que forman parte del repertorio del presidente de los EUA, quedan de manifiesto en este tipo de regímenes autoritarios y populistas que buscan, por encima de todo, la polarización de los países que gobiernan a fin de eternizarse en el poder.
La destrucción de instituciones, la desaparición de los contrapesos y, desde luego, la falta de reconocimiento a la división de poderes, son el sello de estos gobiernos autócratas en donde lo único que vale es la palabra del rey o reina, porque su palabra, como diría José Alfredo, es la ley. Cuidado.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
MAAZ
