Durante años, algunos hemos insistido en la necesidad de regular medidas extraordinarias para combatir y castigar a las organizaciones criminales que ponen en riesgo la seguridad nacional al interior de nuestro territorio. Esos “enemigos” del Estado a quienes, aunque también sean ciudadanos, se requiere aplicar medidas más drásticas de uso de la fuerza, de investigación y de procesamiento; incluido el despliegue de las Fuerzas Armadas, al comportarse como combatientes y poner en riesgo la paz.
Sin embargo, escudados en un falso pacifismo o en la comodidad de la falta de regulación, las fuerzas políticas se han negado a normar este hecho; a aceptar que tenemos enemigos internos. Mientras, sin legislación que lo avale, se ha desplegado a las Fuerzas Armadas de forma generalizada y hoy se expulsa del país a criminales sin cumplir con las garantías procesales, argumentando razones de seguridad nacional. Vivimos en el peor de los mundos: con leyes que niegan la realidad y con una realidad en la que se opera en absoluta ilegalidad.
Lo peor es que ante la ausencia de un marco que establezca las diferencias entre cómo se debe tratar a un delincuente y cómo se debe tratar a personas que amenazan la seguridad nacional, ahora es Estados Unidos quien nos ha “corregido la plana” con su designación de los cárteles como organizaciones terroristas. El 20 de febrero ese país activó una especie de régimen de excepción antiterrorista contra los cárteles mexicanos, y México, en los hechos, avaló y aceptó colaborar bajo ese régimen de excepción al entregar a los 29 capos sin haber seguido el proceso formal de extradición ni respetar los amparos que algunos de ellos tenían.
En voz del propio Fiscal General de la República sabemos que los criminales no fueron extraditados, sino entregados a Estados Unidos. Es un hecho sin precedentes que el mayor responsable de procurar la justicia y hacer que se aplique la ley en el Ejecutivo acepte sin vergüenza que violó el debido proceso. El fiscal argumentó que lo hizo al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, aunque en ella no exista una sola palabra que avale estos poderes.
Estamos viendo el resultado de la simulación normativa en la que hemos vivido por décadas. Decimos que no estamos en guerra, pero en los hechos se actúa como tal. Hay quien ha creído que regular las acciones de Seguridad Nacional del Estado significa aceptar medidas autoritarias que ponen en riesgo las libertades individuales, pero qué peor que darle “carta abierta” al gobierno para que haga lo que quiera sin regla alguna al amparo de ese concepto que hoy no tiene contenido jurídico de fondo.
A nadie entristece que esos 29 criminales que violentaron a regiones enteras, que combatieron al Estado y violaron los derechos humanos más elementales de miles de mexicanos, ahora enfrenten todo el peso de la ley estadounidense. Lo que preocupa es la puerta que se abrió: ¿qué pasará cuando al amparo de la “seguridad nacional” se viole el debido proceso de opositores o periodistas, o si un régimen autoritario pide entregas expeditas de acusados sin proceso de extradición previo?
Este es el México al que estamos entrando, en donde las autoridades que se han llenado la boca hablando de soberanía, ahora aplican normas extraterritoriales de un país que sí se atreve a llamar las cosas por su nombre. La guerra contra el narcoterrorismo que declaró Trump y que ya combate Sheinbaum es una guerra sin ley en nuestro país.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
