La existencia de crematorios clandestinos, de indicios de tortura y de cientos de zapatos pertenecientes a personas desaparecidas, muestra el nivel de sofisticación con el que operan los grupos criminales. Más preocupante aún es que, según testimonios, este sitio funcionó por más de una década sin ser desmantelado por las autoridades, incluso cuando las autoridades locales de Jalisco inspeccionaron el lugar en septiembre del 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció asegurando que el caso será investigado “hasta sus últimas consecuencias”, pero en un país con una impunidad de 99% en delitos de desaparición, esa declaración implica esfuerzos que aún no tienen precedente. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, insistió en que “nadie se lava las manos”, pero falta una estrategia efectiva para enfrentar la crisis de desapariciones heredada en el estado, con el mayor número de casos en México.
Los datos son inapelables. México registra 129 mil 988 personas desaparecidas, de las cuales 59.1% son hombres y 50% tenía entre 15 y 34 años. En el caso de las mujeres, la mayoría tenía entre 10 y 19 años. El crimen organizado ha perfeccionado el método de la desaparición como herramienta de control territorial, sustituyendo los asesinatos visibles por mecanismos de exterminio que garantizan impunidad. Jalisco, con más de 14 mil casos, es la entidad donde esta práctica se ha convertido en una constante.
El modus operandi del crimen organizado incluye el reclutamiento forzado de jóvenes, a quienes se somete a tortura y adoctrinamiento. La investigación revela que en Jalisco existen al menos seis centros de este tipo en diferentes regiones, donde los cárteles captan a personas con engaños o amenazas. El informe de la revista Science estima que el crimen organizado en México cuenta con 175 mil integrantes, más que empresas como Oxxo o Pemex. Su modelo de operación requiere reclutar a 350 personas cada semana para reponer las bajas.
La única respuesta efectiva ha venido de los colectivos de madres buscadoras, que han logrado más resultados que todas las instituciones de seguridad juntas. Son las madres buscadoras quienes han encontrado las fosas, quienes han rastreado a las víctimas y quienes han denunciado el horror. En Jalisco, se estima que entre 60% y 80% de los hallazgos de fosas clandestinas han sido resultado directo de la labor de estos colectivos. Sin recursos, sin protección y con amenazas constantes, han hecho lo que las autoridades no han podido lograr.
El rancho Izaguirre es un símbolo de la tragedia nacional. Representa la negligencia pública, la complicidad de las autoridades y la impunidad con la que operan los grupos criminales. Su existencia demuestra la pérdida paulatina del territorio y que la desaparición forzada es parte de una maquinaria sistemática de exterminio.
POR GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
MAAZ
