En mi oficina cuelga una imagen de Ruth Bader Ginsburg (RBG). No es una simple decoración: es un recordatorio constante de la importancia de la representación de las mujeres en la esfera pública.
Además de ser la segunda mujer en servir en la Corte Suprema de Estados Unidos, la Ministra dejó un legado fundamental en la lucha por la equidad y la igualdad de género. Sus logros fueron trascendentales. Entre muchos otros, abogó por la igualdad de género en las Fuerzas Armadas y luchó incansablemente contra la brecha salarial.
Pero así como RBG marcó la pauta en nuestro vecino del norte, en el sur ha habido contribuciones importantes. En Guatemala, en el contexto del conflicto armado, Yassmin Barrios trabajó casos de esclavitud y violencia sexuales, así como feminicidios y genocidios. Desde Costa Rica, Alda Facio denunció el androcentrismo en el derecho, razón por la cual pugnó por utilizar una visión de género al aplicar la norma y al impartir justicia.
En Latinoamérica, y muy específicamente en México, algunas juzgadoras han sobresalido por incorporar esa perspectiva en sus resoluciones. Se deben ponderar los efectos diferenciados que las leyes tienen en hombres y mujeres para garantizar que éstas sean un mecanismo nivelador, un instrumento de la justicia.
De ahí la importancia de contar con mujeres en el sistema judicial. No se trata sólo de una cuestión de equidad, sino de una condición necesaria para evitar que los problemas jurídicos dejen de ser vistos sólo desde los ojos de los varones.
El pasado 10 de marzo celebramos el Día Internacional de las Juezas. En este marco, la ONU destacó que la existencia de mujeres juzgadoras se asocia con respuestas más eficaces y centradas en las víctimas. Esto es especialmente relevante en el ámbito penal, donde en los últimos 20 años ha aumentado el número de mujeres y niñas que han sido víctimas, testigos o incluso acusadas dentro del sistema judicial.
Este contexto nos lleva a reflexionar sobre la situación en México. La elección de personas juzgadoras se ha legislado y promovido bajo una visión de paridad de género. Como parte de los avances constitucionales en materia de igualdad jurídica, ésta era una medida impostergable. Así, desde los institutos electorales, hemos trabajado en la creación de directrices para garantizar que hombres y mujeres participen por igual en cortes, tribunales y juzgados.
El reto no es menor. Datos del INEGI de 2023 muestran que en el nivel federal las mujeres representaban una de cada cuatro magistradas y una de cada tres juezas. Las mismas proporciones se replican en muchas entidades federativas.
Esta realidad nos lleva a una reflexión: necesitamos más impartidoras de justicia, pero hay desigualdades que pueden hacer difícil el camino.
Debido a la socialización de género, los estereotipos y las desigualdades en el acceso a oportunidades, es necesario fortalecer mecanismos que impulsen la participación de más mujeres. Claro que importa abrir espacios, pero el esfuerzo queda incompleto si no garantizamos condiciones que les permitan acceder a ellos sin obstáculos -mucho menos institucionales- y con las herramientas necesarias para ejercer su labor de manera efectiva y segura.
Frente a esto, el trabajo institucional debe ser integral. Es decir, no limitarnos a la asignación numérica de puestos, sino comprometernos con la eliminación de las barreras estructurales que impiden la participación plena y equitativa de las mujeres en la vida pública.
Garantizar la igualdad en la impartición de justicia no es opcional: es un principio democrático y constitucional. El Día Internacional de las Juezas nos brinda la oportunidad de celebrar los avances, reconocer el trabajo de las mujeres en el ámbito jurídico y reafirmar nuestro compromiso con un sistema de justicia verdaderamente paritario. Porque más que mujeres en la justicia, necesitamos mujeres por la justicia.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
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