Que la Fiscalía de Jalisco haya inspeccionado el rancho Izaguirre en septiembre pasado y que no encontrara lo que el Colectivo Guerreros Buscadores halló hace días: un campo clandestino de adiestramiento criminal y de exterminio. O que en esa fábrica de la muerte en Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, el CJNG vejara a hombres y a mujeres que secuestraba en la central camionera de Tlaquepaque, confirma el reclutamiento forzoso y la crisis de desaparecidos que el exgobernador emecista Enrique Alfaro siempre negó. De paso, se corrobra la omisión de autoridades federales y que las policías y la Fiscalía estatales siguen “infiltradas” por el narco, como dijo Alfaro para deslindarse del ‘levantón’ en contra de 100 jóvenes en 2022.
La crisis de los campamentos clandestinos y las desapariciones en Jalisco empezó con el panista Emilio González, quien ignoró las más de dos mil denuncias sobre personas desaparecidas. Se duplicó con el priista Aristóteles Sandoval: hubo cinco mil 409 desapariciones. Con Alfaro se desbordó la muerte: si bien se reportaron seis mil 721 desaparecidos, Víctor González, exrector de la UdeG, asegura que el número real es de nueve mil 329. Con los más de 15 mil casos que aparecen en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (que ubica a Jalisco como el estado con mayor número en México), González ha desglosado que con Alfaro desaparecieron más personas de las que se localizaron, y que de las que se hallaron estaban muertas ocho de cada 100 (la media nacional es seis de cada 100). Eso sin contar que aumentaron las desapariciones de menores de edad, que un gran número de fosas clandestinas se encuentran en Tlajomulco (ombligo del alfarismo) o que en el Semefo dejó casi 10 mil cuerpos y segmentos humanos sin reconocer. Un desastre.
Alfaro optó por desdeñar a las víctimas y a sus familiares. “Si me gritan, me voy”, les reprochó a unos colectivos cuando le reclamaron la inacción de su gobierno. “Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por su voluntad propia, que se van, y que luego aparecen”, inventó al divulgar un engañoso informe donde afirmaba que nueve de cada 10 desaparecidos se iban por su cuenta. “Ya hablamos de todos los temas”, interrumpió a la prensa cuando le preguntaron por el involucramiento de policías en las desapariciones. “No fue nada”, minimizó el retiro de fichas de desaparecidos que colocaban colectivos en el inmueble público y que Pablo Lemus, como alcalde, mandaba quitar.
Lemus, hoy gobernador, parece decidido a cargarle los desaparecidos a Alfaro (en un video el fiscal alfarista culpa a su expatrón), pero a la vez sigue la estrategia de su antecesor: reportar menos casos y administrar las cifras. El exrector González ha revelado que en los tres primeros meses del gobierno de Lemus éste registró 31 desapariciones, pero en realidad se tienen 570 denuncias. Por si fuera poco, José Ascensión Murguía, alcalde de Teuchitlán por segundo periodo, es de MC y Lemus ha manifestado públicamente su amistad con él.
Mientras Lemus se inventa una secretaría de nombre rimbombante para “maquillar” el problema de raíz (las complicidades del gobierno estatal con las bandas criminales), el rudísimo Alfaro esquía en Europa y estudia en Madrid para ser director técnico. Bien escribió un amigo jalisciense en X: “Hoy en Jalisco la pesadilla es un campo de exterminio mientras algunos de los responsables sueñan con un campo de futbol”.
POR ALEJANDRO ALMAZÁN
COLABORADOR
@ELALEXALMAZAN
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