En Jalisco, la violencia no sólo deja cicatrices, también deja rastros. Restos humanos esparcidos en fosas clandestinas, predios abandonados por la Fiscalía y un gobierno que, en el mejor de los casos, ha sido indiferente. El hallazgo de cuerpos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, es sólo un capítulo más en la larga historia de horror que Enrique Alfaro dejó como legado.
Durante su sexenio, Jalisco se convirtió en el epicentro de las desapariciones en México. No hay municipio que se haya librado de esta tragedia. Sin embargo, lo más grave no es la cifra -15 mil 368 personas desaparecidas hasta el 31 de enero de 2025- sino el patrón de impunidad y negligencia con el que operaron las autoridades.
Los colectivos de búsqueda llevan años denunciándolo, la Fiscalía estatal procesa fosas clandestinas con un nivel de descuido que raya en la burla. En muchas ocasiones, los familiares han regresado a predios que supuestamente ya habían sido investigados, sólo para encontrar más restos humanos.
De acuerdo con los relatos obtenidos por mi compañera Mayeli Mariscal, Héctor Flores, cofundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, lo confirma: “Es algo que regularmente pasa. En Santa Ana Tepatitlán, en Zapopan, hemos encontrado restos en lugares que ya habían sido procesados”.
Y cuando los colectivos piden participar, la respuesta oficial es el silencio o, peor aún, el bloqueo. La Fiscalía de Jalisco -primero con Luis Joaquín Méndez Ruiz en la era Alfaro, y ahora con Salvador González de los Santos en el gobierno de Pablo Lemus- prefiere operar en la opacidad. La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, sigue en su puesto, lo que significa que la política de desdén continúa intacta.
Alfaro dejó de alimentar la Plataforma Federal de Desaparecidos desde marzo de 2022, eliminando datos clave y dejando a miles de familias sin información.
En 2020, el ex gobernador admitió que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Sin embargo, las acciones nunca estuvieron a la altura de las palabras. Para agosto de 2024, en el ocaso de su gobierno, 299 funcionarios -principalmente policías- estaban involucrados en desapariciones forzadas.
Con la llegada de Pablo Lemus, el gobierno estatal reconoció la crisis de desaparecidos y forense, algo que su antecesor se negó a hacer.
De diciembre de 2018 a febrero de 2025, se han encontrado mil 882 cuerpos en fosas clandestinas. De ellos, 990 fueron identificados en la era Alfaro y apenas 19 en los primeros meses de Lemus.
La pregunta es si Pablo Lemus será capaz de romper el ciclo de impunidad que heredó o si, como su antecesor, optará por voltear la mirada mientras Jalisco sigue sumando desaparecidos.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADOR
@SofiGarciaMX
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