A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2024 de la reforma constitucional al Poder Judicial se da un espacio de tiempo que genera un ambiente cargado de interrogantes al respecto.
El inmovilismo no es opción para nadie, las reformas que se requieren en el marco ordinario para operar la reforma constitucional son urgentes, de no ser así, la transición judicial puede darse en medio de un caos donde quien pierde en primer lugar es la sociedad mexicana.
En el articulado transitorio de la citada reforma se dan fechas y etapas para el proceso de elección judicial y se señalan los periodos de nombramientos y las sustituciones en los nuevos órganos creados, entre otros aspectos, aun así, falta mayor precisión.
Para una transición con certidumbre es imperioso ir tomando decisiones que garanticen la marcha judicial y administrativa del Poder Judicial, una muy importante es la relativa al envío y aprobación del Presupuesto de Egresos que deberá darse a más tardar el 15 de noviembre y que regirá para el año 2025.
La importancia de ello radica para la base trabajadora del Poder Judicial en tanto el artículo décimo transitorio de la reforma señala textualmente, en su parte conducente que: Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.
Este es un paso fundamental para el calado de la reforma, sin demérito de los otros aspectos mencionados entorno a ello, sin duda, la estabilidad del empleo, la protección al salario y las garantías de seguridad social, como prestaciones legales y extralegales, contenidas en las condiciones generales de trabajo, al igual que a cualquier otro gremio laboral, le deben ser honradas en sus exactos textos legales y en la ética política de quienes impulsaron esta reforma, de no ser así, habría un engaño.
De igual forma, existe el tema de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que es ahí donde se tendrá que detallar en ley, los cómos, cuándos y hasta dónde se va a desarrollar el texto constitucional, no hay plazos de espera, el riesgo es muy alto. Sin duda alguna al momento de tratar estos dos temas, presupuesto y ley orgánica, habrán de surgir problemas que, incluso, puedan dar lugar a ajustes necesarios para la sana vida republicana, el nuevo régimen debe ser sensible a ello aún con la reforma aprobada, no se debe olvidar, como se ha visto, que las leyes obligan, pero no encadenan.
Inicia una nueva etapa histórica en México para lo judicial que nos tocará vivir y acompañarnos a todos.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MAAZ
