La nueva etapa del movimiento contra la reforma judicial debe centrarse en promover su REVOCACIÓN. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), acordó mantener el paro de actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.
En consonancia, la Asociación Mexicana de Juzgadoras aseguró que la batalla apenas comienza. Las líneas de defensa parten no sólo de la preservación de los derechos laborales de los trabajadores y de la carrera judicial profesional, sino también de la defensa de la independencia judicial como un Poder constitucional, componente esencial de la democracia. También señaló que la lucha seguirá dentro y fuera de México.
¡Qué fuerza y convicción democrática tan loable de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación! Pero, para que todo movimiento político y social tenga éxito, debe expresar con claridad sus objetivos, tanto para poder incrementar sus seguidores, como también para sumar apoyos de la sociedad en general. La demanda de la REVOCACIÖN de la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión puede ser la plataforma democrática que el movimiento requiere para poder extender las simpatías sociales y políticas de amplios sectores de la sociedad mexicana, y también allende las fronteras nacionales.
Los mexicanos siempre apoyamos a las causas justas. Por ello, la eficiente y clara difusión de los honorables propósitos del movimiento deben difundirse con claridad, precisión y contundencia. No hay que dejar resquicio alguno de duda acerca de las justas demandas de un movimiento que, por su estructura, representatividad y amplitud, inicia teniendo carácter nacional.
¿Qué significa exigir la REVOCACIÓN de la reforma judicial, como demanda para la justificación del movimiento, para su convocatoria a que amplios sectores sociales se sumen y para la difusión de su propuesta para una reforma judicial justa, democrática y necesaria?
La REVOCACIÓN se basa en los argumentos previamente expuestos por múltiples voceros, ponentes y defensores de la Constitución. Tanto trabajadores de base como Jueces, Magistrados y Ministros han explicado que los fundamentos de una sociedad democrática exigen la existencia de los tres Poderes para sostener los equilibrios necesarios como sostén de una República. Sin los tres Poderes constitucionales independientes y jugando activamente como contrapesos entre sí, la democracia corre el riesgo de perderse.
AMLO justifica su reforma argumentando que servirá para eliminar la corrupción. Pero, con ese galimatías, en realidad busca otro objetivo, más importante para él. Busca la eliminación, no de la corrupción, sino de su independencia como Poder constitucional del contrapeso a los otros dos Poderes. Le molesta, en particular, que el Poder Judicial le haya acotado su capacidad de cambiar la Constitución al margen de los procedimientos legales.
Junto con el razonamiento anterior, el movimiento defiende la existencia de la carrera judicial profesional. Es, de hecho, una suerte de servicio civil de carrera dentro del Poder Judicial, como el mejor procedimiento para el ascenso de funcionarios dentro de la estructura administrativa judicial, asegurando su profesionalismo, experiencia, titulación universitaria, conocimientos técnico jurídicos, compromiso de servicio e independencia de criterio.
La exigencia de la REVOCACIÓN de la reforma judicial se basa en estos criterios fundamentales. Por una parte son de filosofía política y de la teoría del espíritu constitucional, constituyendo la base de una República democrática. Por otra parte está la parte de la conversión de la teoría en práctica, estableciendo un sistema de una carrera judicial profesional que es garante de que el conjunto es profesional, objetivo e independiente en sus decisiones.
Este sistema incluye, en su interior, mecanismos de vigilancia de la correcta aplicación de normas y leyes y ofrece procedimientos de evaluación ante errores, disciplina o subsanación ante incorrecciones.
Acto seguido, el movimiento exigiendo la REVOCACIÓN debe ganar la batalla de la simpatía popular. Las más recientes encuestas indican que una minoría de la opinión pública apoya la reforma judicial. Quienes la siguen apoyando aseguran que es por la influencia del Presidente en sus mañaneras.
Pero a AMLO le quedan 15 mañaneras antes de retirarse de la escena pública. A partir del 1 de octubre es previsible un desplome aún mayor en el apoyo a la reforma, pues ni la voz de la nueva Presidenta ni la de Morena tienen el peso político ni la autoridad del Presidente saliente. Es probable que el “mandato del pueblo” sobre la reforma judicial se vaya debilitando aún más a partir de esa fecha.
El tiempo, y seguramente algunos fenómenos políticos y económicos que se asoman en el horizonte, van a jugar a favor de la REVOCACIÓN. La combinación de extrema violencia del narcotráfico en el país, junto con acusaciones de corrupción contra relevantes funcionarios del gobierno saliente y que pueden salpicar al entrante, podrán reducir drásticamente el espacio de maniobra de la nueva Presidenta.
Las presiones sobre el fisco, aún con el gasolinazo que deja López Obrador a su heredera, obligarán al gobierno a tomar medidas presupuestales drásticas, que no gustarán a muchos. Por si todo ello, junto, no fuera suficiente, las presiones del exterior se sentirán fuertemente. Las presiones de la comunidad internacional contra la reforma judicial han sido contundentes, en los foros económicos y políticos más influyentes.
Y México no es ni Cuba ni Venezuela, a cuyos gobiernos no les preocupa en lo más mínimo vivir aislados de la economía mundial. La economía mexicana es un engrane integral de la globalización y se colapsaría si deja de jugar su rol en ese sistema económico. Por ello, México no puede simplemente ignorar al mundo y seguir su camino al infierno solito. Con un buen mensaje y un esfuerzo concertado con aliados en todos los espacios de la sociedad.
Es indispensable convocar a intelectuales, asociaciones de profesionistas, juristas, estudiantes de todas las facultades, periodistas y columnistas de todos los medios de comunicación posibles, sectores empresariales y “embajadores al mundo” para explicar la situación prevaleciente en México. Es perfectamente posible solidificar y ampliar el movimiento y sus apoyos sociales y políticos en los próximos meses. De ahora y hasta inicios del próximo año serán los tiempos decisivos para poder lograr el objetivo de la REVOCACIÓN de la reforma judicial.
Con todo lo anterior, será necesario presentar una reforma alternativa de reforma judicial. Legalmente, en México para que proceda una REVOCACIÓN de una reforma constitucional, se logra sustituyéndola con otra reforma. Es decir, las reformas constitucionales no se pueden revocar de manera directa, sino que se tiene que crear una nueva reforma que modifique o elimine el contenido de la reforma anterior. La Ministra Norma Piña presentó una propuesta, que servirá de base para un proyecto propio del movimiento.
Así, se debe pasar a la presentación de una nueva propuesta de reforma judicial que responda a la concepción de la República democrática constitucional que se quiere crear. La iniciativa puede ser presentada por el Presidente (a) de la República, por un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados o del Senado o por los ciudadanos a través de mecanismos de participación.
Después procede por las etapas parlamentarias de ley: presentación de la iniciativa, aprobación en el Congreso, ratificación por las entidades federativas y, finalmente, su publicación.
¿Es difícil el camino para lograr la REVOCACIÓN de la reforma y, luego, la aprobación de una nueva, producto de un consenso social mayoritario? Si, sin duda. Pero lo que está en juego es el futuro de la democracia en México. Un movimiento con objetivos claros, con una amplia base social de apoyo y con una propuesta de reforma judicial propia tiene todo por delante para ganar.
¡Manos a la obra!
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
MAAZ
