La siempre complicada relación con Estados Unidos atraviesa por un momento que bien podría compararse con un vehículo en las muchas carreteras y calles de México: avanza, pero entre baches y agujeros.
En las últimas semanas, y sobre todo a partir del arresto de los jefes narcotraficantes Ismael “Mayo” Zambada y Ovidio Guzmán en Estados Unidos, adonde llegaron en circunstancias más o menos extrañas y todavía sin aclarar, hubo el señalamiento del embajador Ken Salazar sobre los posibles efectos negativos entre inversionistas que tendría la aprobación de reformas al Poder Judicial y la repulsa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reclamó respeto a la soberanía mexicana, para un par de días después demandar que el tema de migración no sea mal usado en las campañas presidenciales deben desarrollo en Estados Unidos.
En todo ello, destacan, por un lado, el diferendo respecto al proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y su impacto en las expectativas de inversionistas en México, ante la posibilidad de un Poder Judicial sujeto a las veleidades de la política doméstica y la autoridad del Ejecutivo; y por otro la cuestión migratoria, que es un problema ya añejo y sin resolución hasta ahora, en gran parte porque el cuerpo político estadounidense parece incapaz de ponerse de acuerdo para resolver su parte, quizá la más importante de la ecuación.
El proyecto judicial mexicano ha sido cuestionado por inversionistas extranjeros y varias agencias calificadoras internacionales han emitido opiniones negativas, sobre todo ante las no tan optimistas perspectivas de la revisión del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026 y la desconfianza estadounidense basada en su menos que favorable evaluación del gobierno López Obrador y las perspectivas a corto plazo.
Por otro, hay coincidencia entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de un mayor control de seguridad en la frontera con México y al mismo tiempo una reforma migratoria, pero unos y otros siguen sin ponerse de acuerdo respecto a quien o quienes pueden aspirar a ser estadounidenses, bajo qué circunstancias y cómo abordar la situación de los más de doce millones de residentes indocumentados -un 37 por ciento mexicanos-. El hecho es que la última reforma migratoria exitosa ocurrió en 1986 y desde entonces hubo intentos que han topado con pared.
El más reciente, a principios de año, es ilustrativo: negociado cuidadosamente entre senadores demócratas y republicanos fue anunciado con bombo y platillo solo para ser torpedeado por petición del aspirante presidencial republicano y expresidente Donald Trump, que usa el “peligro migratorio” como tema de su campaña electoral.
La relación bilateral nunca ha sido ni será fácil, pero el hecho es que hay una creciente integración social, económica y geopolítica en desarrollo, a pesar de la renuencia de los dirigentes políticos.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
COLABORADOR
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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