Es una grave omisión que dentro del paquete de 20 propuestas de reformas presentadas recientemente al Congreso, la crisis por falta de agua que se vive el país sea abordada de manera superficial.
Tenemos que alzar la voz como ciudadanos, sin el vital líquido hay una amenaza a la población en general, a los campesinos y sus parcelas, a los ganaderos; pero también habrá afectaciones a la higiene, a la salud y a la nutrición de las personas.
Ya hemos escuchado, de las autoridades y expertos que la sequía también genera desplazamiento, migración, pobreza, marginación, conflictos y violencia social; pero en esta mesa de discusión pongo por qué se privilegia a la industria y los empresarios, ante la mirada complacida de la Conagua que ignora las necesidades de los menos favorecidos.
Le cuento, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), organismo que representa a 19 regiones del país, llamó a la actual legislatura para que aprueben la nueva Ley General de Aguas (LGA), la cual abroga a su antecesora Ley Nacional de Aguas (LNA), cierra la puerta a la privatización del vital líquido y establece justicia hídrica.
En el documento “Construyendo el Buen Gobierno del agua frente a una institución fallida”, en referencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la que consideran “autocrática y opaca que no se responsabiliza de la crisis del agua”, proponen un cambio radical, urgen a la nueva administración para lograr la sustentabilidad y el acceso universal al agua.
Lo anterior porque desde hace tiempo denuncian el acaparamiento, la privatización y contaminación de las aguas nacionales por parte de los privados, según la CNAA, es que, en México, de acuerdo con una investigación realizada por la UNAM titulado “Los millonarios del agua”, el 70% de todas las aguas de México está en manos de 7% de los concesionarios; aun cuando 4.6 millones de personas no tienen acceso a agua entubada, literal sobreviven.
Por ello, al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum le proponen acabar con el sistema único de concesiones que fue el principal objetivo de la antigua Ley Nacional de Agua y que ocasionó el acaparamiento junto con el sobre concesionamiento, es decir, provocó que solo los grandes intereses económicos tuvieran la capacidad de comprar derechos.
Ellos citan a la minera Goldcorp/ Newmont, del acuífero Cedros en Zacatecas, pues tiene en promedio 80% del agua subterránea en la región; o el caso de Monterrey, donde el 55% de las aguas subterráneas están concesionadas a usuarios industriales.
Desde su perspectiva, el panorama se agrava más, debido a que la Conagua se maneja con procesos sumamente complejos, dando como resultados un rezago de 130 mil solicitudes de agua, 80% de las cuales son de uso doméstico, o para el riego de menos de cinco hectáreas, o agua para 10 animales, solicitudes que llevan hasta 20 años sin resolver a pesar de que la ley exige que se le dé “prelación” de no más de 60 días. ¡Ufff!
Con la nueva Ley General de Aguas se busca cuidar al medio ambiente, restaurar las cuencas y acuíferos; acabar con la compra- venta de derechos; priorizar el uso doméstico del agua.
La discusión en el corto plazo es si debemos o no cerrar la puerta a la privatización; regenerar las aguas; poner fin a la contaminación; como la de las mineras, evitar el fracking; adoptar tecnologías ahorradoras e implementar estrategias en infraestructura antigua.
Incluso la propia Coparmex, que preside José Medina Mora, reconoce que no puede haber desarrollo si nos quedamos sin recursos naturales, no puede haber desarrollo si no nos organizamos para aportar a los grandes desafíos que enfrentamos como país. Así que es un tema que urge….ya.
BLINDAJE FINANCIERO
En materia empresarial, el cambio climático también amenaza la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en México; la falta de agua puede parar las operaciones de organizaciones con mayor exposición a la industria del agro y alimentos.
A las pymes no las podemos dejar morir, pero pocas son las que se han blindado ante las nuevas amenazas del siglo; Solunion, que dirige en México, Federico Pronzati, afirma que en especial son ellas las que deben contar con programas de prevención para mitigar el riesgo de impago, la cobranza y la indemnización, como es un seguro de crédito. Por cierto, Solunion está por cumplir 10 años en México.
Pues si el impago llega a producirse, el servicio de un seguro de crédito buscará recuperar las cuentas vencidas, para minimizar el daño en el balance; porque una de las situaciones constantes de estas organizaciones es que se quedan sin liquidez, dejan de pagar sus obligaciones y la cartera vencida afecta a la reputación y a la propia supervivencia de la empresa.
Las pymes en México aportan 42% del PIB y generan 78% del empleo nacional y su tranquilidad, como el hecho de protegerse contra riesgos crediticios, como impagos, quiebras o insolvencias de clientes, debe ser parte de su ADN.
POR ENGGE CHAVARRÍA HERNÁNDEZ
PERIODISTA
TWITTER @ENGGECHAVARRIA
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