Desde la creación en 1990 del IFE (ahora INE) como órgano constitucional autónomo y máxima autoridad encargada de organizar las elecciones federales, resultado de los conflictos postelectorales de 1988 que detonaron una serie de reformas a la Constitución y legislaciones reglamentarias como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la normatividad legal y constitucional en materia electoral ha sufrido importantes procesos y reformas a la Ley.
Se establecieron reglas de participación a los partidos políticos, se les destinaron recursos (prerrogativas), se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, entre otros.
Sin embargo a los ciudadanos nunca se les consideró para participar en todos los procesos, particularmente en la selección previa de quienes los iban a representar, ni en la vigilancia de la utilización de los recursos públicos destinados a la operación de los partidos políticos y por supuesto al los dineros destinados a las campañas políticas.
Únicamente fueron tomados en cuenta para acudir cada 3 años a las urnas a emitir su voto, para lo cual se creó la Credencial para Votar con fotografía, y a participar en las casillas el día de las votación, pero no se le ha permitido opinar acerca de las candidatas y candidatos seleccionados por los dueños y gerentes de los partidos políticos que terminan siendo “representantes” de quienes los pusieron en el cargo, no para representar a la sociedad, y tampoco se hacen responsables de ellos.
O díganme ustedes, quién se está haciendo responsable del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, de la gobernadora de Guerrero Evelin Salgado y su impresentable padre, o de Ricardo Monreal, Pedro Haces, Alejandro Murat, y un sinfín de personajes que no han respondido a los ciudadanos, al contrario, se han enriquecido descaradamente a expensas del dinero de los mexicanos.
Ninguno de los electores actualmente tiene conciencia de por quién votó, ni siquiera conocen los nombres de los candidatos, mucho menos las causas que encabezan. Si no me creen, hagamos el ejercicio de preguntar a los ciudadanos quienes son sus representantes, quienes son sus diputados locales, sus diputados federales, sus regidores y síndicos. Les aseguro que la gran mayoría de ellos no tiene la menor idea.
Es cierto que a Morena se le identifica por AMLO, por eso afirma que el pueblo es él. Pero los representantes de los ciudadanos no son Ricardo Monreal, ni Adán Augusto López, ni la niña Alcalde, vamos, ni siquiera Claudia Sheinbaum.
Como advertí en textos anteriores, si bien es cierto que en los procedimientos y criterios que establecieron, la figura de las candidatas y candidatos a los 881 cargos que se eligen el 1o de junio de 2025 para el Nuevo Poder Judicial queda muy endeble y que de no existir una vigilancia sensata en este proceso el país corre un gran peligro.
Estoy segura que sin proponérselo, esta elección del Poder Judicial mal pensada, mal diseñada, pésimamente planeada y con enormes vacíos va a poner en riesgo a todo el sistema político mexicano. Paradójicamente para bien. Por primera vez van a dejar en manos de la ciudadanía la conceptualización y la organización del proceso. Esto, no se lo imaginaron quienes decidieron de un plumazo destruir a todo el Poder Judicial.
Será el primer ejercicio de elección ciudadana en México que pondrá en evidencia la ya innecesaria existencia de los partidos políticos, que terminaron por convertirse en organizaciones superfluas cuyos dueños y gerentes se dedican a administrar las prerrogativas de las franquicias partidistas cobrando bastante bien por ello.
Por ejemplo: Morena se llevará tan solo para cubrir actividades ordinarias (sic) alrededor de 2,487 millones de pesos, el PAN 1,234, el PRI 933,063, MC 918,846, el Partido Verde 789,424, el PT 636,469, a los que se suman otros ingresos que se llevan como fracciones parlamentarias, por mencionar alguno, en el Poder Legislativo
¡Cuidado partidos políticos! Porque más allá del derecho de utilizar la franquicia partidista para administrarla, no sirven para otra cosa, y en una de esas ahora que andan recortando presupuesto a Salud, Seguridad Pública, Educación, Economía y Medio Ambiente, entre otros rubros para “ahorrar” dinero, pues de una vez habrá que valorar reservarse lo de las prerrogativas para repartirlo en temas más importantes e imprescindibles para la sociedad.
Además, estamos observando que ésta puede ser la primera elección donde el rol del ciudadano es predominante, ya que los partidos políticos no deben participar, y con esto nos estamos quitando una pesada losa. Por otra parte, el ciudadano además de tener la responsabilidad y la posibilidad de llenar estos vacíos, por primera vez en una elección será tomado en cuenta activamente.
Por eso insisto en que los ciudadanos debemos constituir cuanto antes un Comité Ciudadano de Estrategia para el diseño de un nuevo Poder Judicial, un Comité Ciudadano de Observación del Proceso, y porque no, también un Comité de Comunicación para que todos estemos enterados de lo que sucede alrededor de las campañas, en que consiste un nuevo Poder Judicial y como se puede construir una visión sistémica de la Seguridad, la Justicia y la Readaptación Social.
Se trata que desde la sociedad y ante el desparpajo con que tomaron la decisión de destruir al Poder Judicial creando esta masa amorfa, se llenen los vacíos que dejaron.
Y no es pregunta.
POR MARTHA GUTIÉRREZ
@MarthaGtz
Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.
MAAZ
