Claudia Sheinbaum inicia su tercer mes en la Presidencia, de cara al cumplimiento de los cien días en el poder, tiempo que, según los expertos, es suficiente para el despegue de una administración nacional. En las encuestas, sus niveles de aprobación están por los cielos, arriba del 70%. Todo parece indicar que así terminará el año.
El tema más candente en los primeros dos meses ha sido la reforma al poder judicial y la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. También están, en el lado B de este recuento, la eliminación del INAI y de otros seis órganos constitucionales autónomos; la reforma de la llamada “supremacía constitucional”, innecesaria desde mi punto de vista; la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, y la reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH.
En este arranque, la presidenta ha impulsado, y el “constituyente permanente” ha aprobado, importantes reformas en materia social. La dinámica de los acontecimientos y el frenesí de la política han impedido a la presidenta difundir estos cambios como elementos no solo de política social, sino también como factores de cohesión nacional, pues han sido aprobados prácticamente por unanimidad. Es decir, ni el gobierno ni la oposición han cacareado suficientemente el huevo.
Morena no debe olvidar su agenda social. No difundir adecuadamente los logros en beneficio de los sectores más necesitados es un grave error. La polémica, aunque atractiva para los medios y la voracidad de las redes, no trasciende en el ánimo social; o, cuando lo hace, sus efectos polarizan.
Una rápida revisión de las conferencias mañaneras permite constatar que el tiempo dedicado a temas polémicos tiene una proporción de tres a uno respecto a los temas sociales y de consenso en el discurso de la presidenta, los secretarios de Estado y los voceros de la 4T. Si no se hubieran concretado cambios sociales, pues ni modo: a darle a la polémica. Pero, por el contrario, hay reformas sociales de gran impacto para dar y repartir: becas, pensiones, salarios, vivienda, reconocimiento a pueblos originarios y afrodescendientes, y hasta derechos de los animales.
El Plan C original incluía 18 reformas constitucionales y dos legales; después, la presidenta agregó cinco más. No olvidar que Morena ganó las elecciones de 2018 y 2024 por sus propuestas de justicia social, por las políticas, programas y proyectos que benefician de manera directa y en el corto plazo a la población, no por prometer eliminar el INAI o por elegir jueces, magistrados y ministros.
Ahora que el escenario se complica, con los enfrentamientos de grupos criminales en Sinaloa, Guerrero, Guanajuato o Michoacán, y con el regreso de Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles, cerrar fronteras y cazar migrantes, lo cual meterá presión a la cuesta de enero de 2025, la presidenta y Morena no deben olvidar que la querencia de Morena es lo social.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
