Con la cuarta revolución industrial, el concepto de privacidad ha sido rediseñado y reconfigurado de maneras inimaginables en tan sólo una generación. La era digital, marcada por avances tecnológicos sin precedentes, ha planteado tanto desafíos como oportunidades para la administración pública en su misión de proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas. La convergencia de datos masivos, inteligencia artificial y una conectividad omnipresente ha transformado la relación entre el Estado y la ciudadanía, introduciendo nuevas dinámicas que requieren una reflexión profunda y una acción decidida.
En este contexto, la privacidad no sólo se concibe como el derecho a estar solo o a controlar la información personal, sino como una pieza central en la configuración de la identidad tanto individual como colectiva. La administración pública, como ente que custodia los derechos y libertades, enfrenta el reto de garantizar la protección de la privacidad en un entorno digital cada vez más complejo y dinámico. Asimismo, el de aprovechar las oportunidades que estas tecnologías ofrecen para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
La Transformación Digital de la Administración Pública
La digitalización ha redefinido el funcionamiento de las administraciones públicas, permitiendo una interacción más ágil y cercana entre el Estado y la ciudadanía. Este proceso que fue acelerado por la pandemia de COVID-19, ha traído consigo una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos y una transparencia sin precedentes. Sin embargo, esta transformación también ha generado una mayor vulnerabilidad por cuanto hace a la privacidad de los datos personales.
El uso de tecnologías como el big data, la inteligencia artificial (IA) y el blockchain en la administración pública, ha permitido la optimización de procesos y la creación de servicios más personalizados. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos para predecir necesidades sociales y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, este uso masivo de datos plantea serias interrogantes sobre cómo se recolectan, almacenan y utilizan estos datos, así como acerca del control que las personas tenemos sobre nuestra información.
La administración pública, por tanto, enfrenta el desafío de equilibrar la eficiencia con la protección de la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa. Por ello, la implementación de políticas de privacidad robustas y la adopción de prácticas de transparencia son esenciales para garantizar que los beneficios de la digitalización no se vean opacados por el mal uso de los datos personales.
El marco jurídico que regula la protección de la privacidad en la era digital se enfrenta a la difícil tarea de mantenerse al día con el vertiginoso ritmo del avance tecnológico. Las leyes tradicionales de protección de datos, como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en México, están siendo constantemente desafiadas por la aparición de nuevas tecnologías que no encajan fácilmente en las categorías legales existentes.
Así, uno de los principales desafíos es la gobernanza de los datos. La administración pública no sólo debe garantizar la seguridad de los datos que recopila y almacena, sino también asegurarse de que su uso esté alineado con los principios de equidad, transparencia y responsabilidad. Esto implica no sólo cumplir con las leyes de protección de datos, sino también adoptar un enfoque ético en la gestión de la información que considere el impacto de las decisiones automatizadas en los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En adición a lo anterior, la interconectividad global plantea desafíos adicionales. Los datos no conocen fronteras y la administración pública se enfrenta a la necesidad de coordinarse con organismos internacionales y otras jurisdicciones para proteger la privacidad de manera efectiva. Las transferencias transfronterizas de datos y la vigilancia masiva son cuestiones que requieren una cooperación internacional robusta y la creación de estándares globales para la protección de la privacidad de las personas.
En tal escenario, es obvio que la ética cobra un papel central. La toma de decisiones automatizadas por sistemas de IA en la administración pública debe estar sujeta a una supervisión ética rigurosa. La opacidad algorítmica, es decir, la falta de transparencia en los procesos de decisión de las máquinas, puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias, afectando negativamente la confianza pública. Por ello, es fundamental que los Estados y todo su aparato institucional, adopten principios éticos claros y transparentes en el diseño y uso de tecnologías avanzadas.
Ahora bien, a pesar de los desafíos, la era digital también ofrece oportunidades sin precedentes para la administración pública. La tecnología puede ser una poderosa herramienta para fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía, siempre y cuando se utilice de manera responsable y respetuosa con la privacidad.
La digitalización permite una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Diversas plataformas digitales pueden facilitar la consulta y el diálogo entre el gobierno y las personas, promoviendo una democracia más participativa e incluyente.
La tecnología puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La publicación proactiva de datos y la adopción de tecnologías de blockchain para registrar transacciones públicas pueden reducir la corrupción y aumentar la confianza en las instituciones. Sin embargo, es crucial que estas iniciativas se diseñen con una atención meticulosa a la privacidad, evitando la exposición innecesaria de datos personales.
Asimismo, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para personalizar los servicios públicos, haciéndolos más accesibles y eficientes. Sistemas basados en IA pueden ayudar a predecir intereses, demandas y necesidades sociales, asignar y administrar recursos de manera más efectiva y mejorar, por ende, la calidad de los servicios ofrecidos a las personas. Sin embargo, es esencial que estos sistemas se diseñen de manera transparente, socializada y con salvaguardas para proteger la privacidad y evitar sesgos discriminatorios.
Hacia una Gobernanza Ética de la Privacidad
La administración pública del futuro debe estar preparada para enfrentar los desafíos de la privacidad en un mundo cada vez más digitalizado. Esto requiere no sólo la actualización constante del marco legal, sino también un enfoque proactivo en la creación de políticas públicas que integren principios éticos y de derechos humanos desde su concepción y a lo largo de todos sus tramos.
Una de las áreas clave es la educación y concientización sobre privacidad. Es fundamental que tanto las personas servidoras públicas como la población comprendan la importancia de la privacidad en la era digital y sean conscientes de los riesgos asociados con el mal uso de sus datos. Programas de capacitación continua y campañas de sensibilización desde la más temprana edad pueden ayudar a construir una cultura de privacidad robusta y sostenible.
Además, es crucial fomentar la innovación en la protección de la privacidad. La investigación y el desarrollo en tecnologías de privacidad, como el cifrado avanzado, la anonimización de datos y los sistemas de privacidad diferencial, deben ser incentivados y apoyados por la administración pública. Ello, porque estas tecnologías pueden proporcionar soluciones innovadoras para proteger la privacidad en un entorno digital, sin comprometer la funcionalidad y la eficiencia de los servicios públicos.
Por supuesto, otro aspecto importante es la colaboración internacional. La privacidad en la era digital es un desafío global que requiere respuestas coordinadas. La administración pública debe aprender, incorporar y participar activamente en la creación de estándares internacionales para la protección de datos y colaborar con otros países para enfrentar las amenazas comunes, como la vigilancia masiva y las violaciones de privacidad por parte de actores estatales y no estatales.
Finalmente, es esencial que la administración pública adopte un enfoque inclusivo en la gobernanza de la privacidad. Las políticas públicas deben ser diseñadas con un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, asegurando que todos los grupos de la sociedad tengan garantizada su privacidad y puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la era digital. Esto implica una atención especial a las brechas digitales y la desigualdad en el acceso a la tecnología, que pueden exacerbar las vulnerabilidades en términos de privacidad.
El camino hacia adelante
La privacidad en la era digital representa tanto un desafío como una oportunidad para la administración pública. Enfrentar este reto requiere una combinación de factores tales como innovación, ética y compromiso con las libertades y los derechos humanos fundamentales. La administración pública tiene la responsabilidad de liderar con el ejemplo, implementando políticas que no sólo protejan la privacidad de las personas, sino que también aprovechen las oportunidades de la tecnología para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación democrática.
En un mundo donde los datos se han convertido en el nuevo recurso más valioso, proteger la privacidad es proteger la dignidad humana. Por tanto, la administración pública, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe asumir este desafío con determinación y visión, asegurando que la era digital sea una era de derechos, oportunidades y respeto a la privacidad.
POR DR. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO DEL INFO CDMX Y ACADÉMICO DE LA UNAM
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