No, no se trata del nuevo libro de Francisco Martín Moreno escrito al vapor de los acontecimientos de nuestro México surrealista, tampoco una teoría de conspiración de Pedro Ferriz De Con, pero sí una ficción de la teoría política contemporánea que, rompiendo con el consenso en torno al hecho de que la democracia está basada en condiciones que son esencialmente públicas, hoy amenaza con imponerse, sin auto contención alguna, en protección de ciertos privilegios y sus privilegiados.
La democracia rechaza, al menos conceptualmente, el secretismo, las intrigas, las conspiraciones, las maquinaciones ocultas y los acuerdos reservados; sin embargo, esto y más resulta del proyecto del ministro Alcántara Carrancá con el cual pretende perfilar la calificación de inconstitucionalidad de la reforma constitucional en materia del poder judicial federal.
Proyecto que es todo lo que usted quiera que sea, menos un documento técnico y jurídicamente sólido, indigno del más alto tribunal del país en el que están ausentes los cuatro principios rectores fundamentales de la ética judicial: independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Es un posicionamiento político con el que se ofrece como salida una galletita envenenada que no es aceptable bajo circunstancia alguna.
Nicolás Maquiavelo fue uno de los grandes autores que reflexionó en profundidad sobre las conjuras, tramas y demás conspiraciones. La entendió como el acuerdo secreto para deponer al soberano o al gobernante, y la clasificó en tres tipos: las conjuras contra un príncipe; las conjuras contra la patria; y las conjuras que se hacen para entregar el Estado a los enemigos externos que lo atacan. Las primeras, contra el príncipe, tienen por objetivo derrocar al gobernante.
Las segundas, contra la patria, buscan un cambio constitucional. Y, por último, las terceras hacen referencia a los acuerdos secretos realizados con enemigos externos de la patria para intentar conquistar el poder político del Estado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Ante el sinnúmero de despropósitos judiciales acumulados, hay que insistir: Solo existe una Constitución vigente, la que es producto del Poder Constituyente integrado, de acuerdo con el artículo 135 constitucional por el Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las entidades federativas. Los ministros no son constituyentes ni tienen facultades para modificar la Constitución. ¿Desde cuándo una sentencia es la fuente de normas constitucionales?
Ante la amenaza de considerar en desacato a diputados federales y locales, senadores, y a la Presidenta de la República, y ordenar que sean destituidos y sometidos a juicio sin que se observen los procedimientos previstos en la propia Constitución a cargo del Congreso, habrá que reiterar la necesidad de mesura y auto contención, así como una buena lectura a los artículos 105 y 107 constitucionales.
En fin, en todo esto Maquiavelo nos regala una enseñanza importante: cuando un príncipe descubre una conjura no debe apresurarse a reprimirla brutalmente, sino que, esperando el momento adecuado, debe obligar a los conjuradores a descubrirse.
POR DIEGO LATORRE LÓPEZ
@DIEGOLGPN
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