La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos en México marcó un hito significativo en el marco jurídico del país, transformando la relación entre el Estado y los ciudadanos. Esta reforma no solo amplió el catálogo de derechos reconocidos, sino que también estableció principios fundamentales que deben guiar la actuación de todas las autoridades.
Así quedó establecido que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. Esto implica que los derechos humanos tienen un rango constitucional y deben ser interpretados de manera que se favorezca la protección más amplia a las personas.
Los principios de progresividad y pro persona son esenciales en esta reforma. La progresividad se refiere a que los derechos humanos deben evolucionar y ampliarse con el tiempo, garantizando que no se retroceda en su protección. Es decir, cualquier avance en derechos humanos debe ser sostenido y promovido por el Estado.
El principio pro persona obliga a las autoridades a aplicar la norma o interpretación más favorable a la persona cuando existan diversas opciones legales. Esto significa que, en caso de duda, se debe optar por la interpretación que mejor proteja los derechos humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene un papel crucial en el sistema jurídico mexicano.
Nuestro país está sujeto a su jurisdicción, lo que implica que las decisiones de esta corte son vinculantes para el Estado mexicano. A lo largo de los años, varios casos emblemáticos han puesto a México bajo el escrutinio internacional, destacando violaciones graves a los derechos humanos. Ejemplos notables incluyen casos como el de Campo Algodonero, donde se abordó la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez.
Así, un poder judicial independiente y autónomo es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos. La independencia judicial asegura que los jueces puedan tomar decisiones imparciales, sin presiones externas o influencias políticas. Esto es crucial para mantener la confianza pública en el sistema judicial y para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a la justicia.
La idea de una "justicia populista" donde los ciudadanos voten para elegir a jueces y magistrados, es considerada inconvencional. Esto significa que va en contra de las normas y estándares internacionales establecidos para la administración de justicia.
La inconvencionalidad implica que este tipo de prácticas no solo son inadecuadas desde una perspectiva legal, sino que también pueden comprometer la imparcialidad y efectividad del sistema judicial. La elección popular de jueces podría llevar a decisiones influenciadas por opiniones públicas momentáneas, lo cual es incompatible con el principio de progresividad, ya que podría resultar en retrocesos en la protección de derechos humanos.
Morena quiere que vayamos a las urnas para que nos encontremos en estado de indefensión, con juzgadores electos a su conveniencia, para que no detengan los abusos de autoridad.
POR LORENA PIÑON RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
@LORENAPIGNON_
MAAZ
