La reforma judicial que, en principio fue propuesta por el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, fue, ha sido y es una bandera de lucha del movimiento denominado de la “Cuarta Transformación”, del partido Morena, de sus fracciones parlamentarias tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como la de Senadoras y Senadores de la República y, por si fuera poco, la presidenta Sheinbaum le ha dado un impulso sin precedentes argumentando, entre otras consideraciones, que llevar a las personas juzgadoras a que sean electas por voto popular es un paso hacia la democratización del Poder Judicial en México.
No obstante, dicho proceso electoral judicial no ha estado exento, por decir lo menos, de múltiples complejidades, tropiezos, pronunciamientos, posturas en contra, entre varias más. Una de ellas está relacionada con la situación presupuesta. Veamos, de entrada, el caso del INE.
El INE, en un principio había solicitado más de 35 mil millones de pesos en su anteproyecto para 2025 y tuvo que ajustarlo a alrededor de 27 mil millones por un recorte de 8 mil 855 millones de pesos determinados por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Posteriormente, en enero de este año el INE convino en solicitar a Haciendo mil 500 millones de pesos extra para la elección del Poder Judicial. Sin embargo, Haciendo autorizó la cantidad de 800 millones de pesos, lo que derivo a que el INE tomara diversas medidas como la de instalar 84 mil casillas de las más de 170 mil casillas que se instalaron en la elección de 2024.
Ahora bien, El INE, de acuerdo con las atribuciones que el Legislativo le otorgó en 2014 para hacerse cargo de las elecciones federales y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las elecciones locales, ha detectado diversas problemáticas similares en dichos organismos para la realización de las elecciones judiciales locales.
Son 19 las entidades federativas que tendrás elecciones extraordinarias para que la ciudadanía elija por voto popular diversos cargos de personas juzgadoras; en 12 estados, hasta este 16 de marzo, se presentan diversas dificultades de índole presupuestal para llevar a buen puerto estas elecciones.
Incluso diversas autoridades electorales locales han solicitado ampliaciones presupuestales a diversas instancias como gobiernos o los congresos locales sin que, en algunos casos se reciba respuesta alguna, en otros, se ha entregado solo una parte de los solicitado y en algunos de plano solo una porción menos como disposición final acordada para el apoyo de autoridades locales y de las elecciones judiciales locales.
Sería importante recordar dos aspectos fundamentales. Primero, todo proceso electoral necesita recursos para su óptima operación. Segundo, de no entregarse los recursos o no entregarse a tiempo pueden existir diversas complicaciones entre las que apunto solo dos:
- La imposibilidad de contar con los elementos necesarios para la producción de diversa documentación electoral (entre ellas las boletas electorales), así como materiales electorales.
- Una tardía o casi una nula estrategia de difusión para que la ciudadanía, a nivel local, este informada de la realización de dichas elecciones judiciales locales. Recordemos que en todo proceso electoral entre mayor participación ciudadana mayor credibilidad tendrá el sistema electoral mismo, las instituciones involucradas y, por supuesto, las personas juzgadoras electas
Ahora bien, si las elecciones judiciales no dan el resultado esperado en cuanto a su organización y la participación ciudadana, es previsible que tengamos muchas lecturas de estas, habrá opiniones encontradas, acusaciones mutuas, entre muchas más.
Por ello, si las elecciones judiciales son un mandato constitucional, nos pueda o no gustar llevar a estas figuras a voto popular, lo más viable es que cuente con los recursos necesarios para su adecuada implementación, máxime en este proceso inédito que se da por primera vez en nuestro país.
POR FERNANDO DÍAZ NARANJO
PAL
