En el aniversario de la Constitución Política Mexicana, el pasado 5 de febrero, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta para llevar a cabo varias reformas al poder judicial. Lo más controversial de su reforma, era someter a elección popular a Ministros, Magistrados y Jueces.
Él sabía, que, en ese momento no contaba con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero fue una estrategia meramente electorera para la campaña que se avecinaba, ya que mediante un discurso populista, mencionó durante todo el proceso electoral que por primera vez en la historia se iban a someter a elección popular: Ministros, Magistrados y Jueces, y hay que decirlo, eso gustó a la gente.
Una vez que obtuvo el resultado el 2 de junio, ahora sí le metió acelerador a la reforma judicial, y en el primer momento, en que entró la nueva legislatura con la actual conformación, pasó lo que ya todo sabemos que pasó, se aprobó la misma, con más dudas que respuestas.
El pasado 15 de septiembre se publicó la reforma judicial, y el 23 de septiembre el INE dio inicio al proceso electoral para el año 2025.
Después de eso, una organización civil y el Partido Movimiento Ciudadano, presentaron juicios de amparo en los estados de Colima y Querétaro, números de expedientes 1125/2024, y 1082/2024, donde el consejo general del INE, y también las legislaturas de los estados y el congreso de la ciudad de México, deberán acatar íntegra e inmediatamente la suspensión provisional. O sea, hay un freno a toda esta reforma judicial.
Ya fue publicada la notificación al INE, y en el caso de los congresos locales, aunque ésta no exista, ello no es obstáculo, porque el artículo 136 de la Ley de Amparo sostiene que desde que se pronuncié, ésta, surte sus efectos.
¿Y ahora qué va pasar? En un estado de derecho, tiene que permanecer el principio de gobernanza, por el que todas las personas, instituciones, entidades, públicas y privadas, incluidas el propio estado, están sometidas a leyes, y éstas, se hacen cumplir por igual.
Estamos a nada de una crisis constitucional ¿Por qué? Por lo que parece ser, no quieren dar cumplimiento a las suspensiones decretadas, y eso es un delito en los términos de la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo ya comentada, esto es un enfrentamiento directo, porque los poderes Ejecutivo y Legislativo están desafiando abiertamente al Poder Judicial.
Sigo convencido que esta es una agenda, político electorera y populista, que lo que menos les importa a quienes la impulsan es tener un mejor sistema de justicia en México.
Muchas veces no valoramos lo más importante que nos da hoy, nuestro sistema electoral, que ha costado décadas construirlo, y nos permite que, al día siguiente de la jornada electoral, tengamos resultados claros de las elecciones, y que sobre todo exista la paz social.
En estas condiciones en que se está dando el proceso de elección de Ministros, Magistrados y Jueces 2025 ¿Tendremos garantizada la paz social?
POR RUBÉN GUAJARDO BARRERA
DIPUTADO DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
PAL
