Estamos ante las consecuencias de un austericidio criminal. La desaparición del FONDEN dejó en un estado de indefensión a las comunidades que son afectadas por los fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra que provocaron pérdidas humanas y materiales. Basta ver las condiciones en las que se encuentran Acapulco y otros municipios de Guerrero. En el Estado de México, la emergencia ha dejado 16 muertos y cientos de afectados.
En noviembre de 2020, se decretó la desaparición del FONDEN. Dejó de ser un fideicomiso y se eliminaron sus reglas de operación y el gobierno dispuso de los casi 34 mil millones de pesos que se tenía. Hoy solo se cuenta con la mitad de los recursos, sin reglas de operación y cada año se depende de lo que se apruebe en presupuesto. O sea, el recurso ya no está disponible con la prontitud y cantidad que los desastres demandan.
La administración anterior dijo que habría un Bono Catastrófico 2020-2024 con un valor de 485 millones de dólares. Es importante señalar que este programa surgió como sustituto del FONDEN, pero que no resolvió nada ante la tragedia que vivieron estados y municipios afectados por huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales.
En el Estado de México, municipios como Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Jilotzingo, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco e Ixtapaluca, entre otros, esperan sin resultados el apoyo del gobierno federal.
También se desmanteló la política pública de prevención de desastres, pues junto con el FONDEN también desapareció el FOPREDEN, un fondo que estaba dirigido a la prevención, creado en 2003, que se dedicaba a tres tipos de proyectos: preventivos, preventivos prioritarios y de investigación para disminuir o evitar los impactos negativos y destructivos de los fenómenos naturales. En 2016, este fondo llegó a tener casi 400 millones de pesos, solo para prevención. Eso ya no existe.
Las inundaciones en diversos municipios del Estado de México han causado daños gravísimos en el patrimonio de miles de familias, y hay comunidades enteras sumergidas en la incertidumbre y el sufrimiento debido a la pérdida de sus pertenencias y a la drástica reducción de su calidad de vida. Las consecuencias de las inundaciones son devastadoras. No solo se presentaron enfermedades respiratorias, digestivas y cutáneas entre los afectados, sino que, además, la falta de acceso a agua limpia y servicios básicos ha empeorado las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas.
En el sexenio pasado, también se eliminaron los recursos para que los municipios dieran atención a instalaciones, infraestructura, calles, vialidades, sistemas de drenaje, etc. Un gobierno federal que se dedicó a dilapidar recursos públicos con absoluta opacidad y con el pretexto de una supuesta austeridad.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Incendios Forestales, a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre enero y abril, los incendios en el Estado de México dañaron 2 mil 682 hectáreas. Es preocupante que, en el anterior sexenio, la CONAFOR tuvo fuertes recortes presupuestales. El presupuesto 2024 aprobado para la CONAFOR, 2.67 mil millones de pesos, presentó una reducción de casi 50% con respecto al monto aprobado en 2018 de $3.99 mil millones de pesos. Además, entre los 109 fideicomisos que extinguió el oficialismo en 2020, se encontraba el Fondo Sectorial CONACyT-CONAFOR para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal, que ayudaba a la prevención de incendios.
Hoy son los deslaves en Jilotzingo y Naucalpan, hace unas semanas las inundaciones en municipios del oriente y del Valle de México, y hace unos meses eran los incendios forestales fuera de control. Todo responde a lo mismo: no hay política y recursos para la prevención y solución de desastres naturales. Es urgente recuperar recursos y políticas públicas para atender el problema de raíz y prevenir futuras desgracias.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
@ANALILIAHERRERA
PRESIDENTA DEL PRI EDOMEX
PAL
