Las notas fundamentales de un sistema de justicia, sin dudarlo, son la aplicación imparcial de la ley por juezas y jueces que gocen de absoluta independencia.
Ello se traduce en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual con la emisión de resoluciones en donde no influyan factores ajenos al derecho.
Cómo garantizar esa calidad de justicia deseada en una reforma judicial como la mexicana, en las condiciones actuales, levantar la voz de inconformidad frente a ésta es válido, pero no suficiente.
Hay que buscar garantizar que en cualquier escenario México cuente con personas juzgadoras imparciales e independientes.
El trabajo lo desarrollarán los comités de evaluación que conformará cada Poder de la Unión, los cuales se encargarán de evaluar que las y los aspirantes a los cargos de elección judicial cumplan con los requisitos constitucionales y legales previstos.
Con la documentación entregada se avalará que cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo a partir de ser personas que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
¿En qué parte de esta evaluación puede insertarse el componente de contar con personas que garanticen la imparcialidad y la independencia judicial?
El reto es mayúsculo, en la primera depuración de aspirantes que hagan estos comités de evaluación está la llave para garantizar que la boleta, producto de una insaculación, contenga perfiles que garanticen jueces imparciales e independientes.
La propuesta es que se privilegie la carrera judicial desempeñada, no se puede poner a competir en una carrera de atletismo, a músicos, poetas o pintores, se requieren atletas.
Otro requisito ineludible en esta elección, por mandato constitucional, es la paridad de género.
Si la mayoría de mujeres y hombres que vengan en la boleta, sin truco alguno, están avalados por su previo desempeño judicial, no importa el resultado de quien salga electo. De no ser así, peligra México.
Sin duda, es obvio decir, que todos aquellos aspirantes que provengan de las filas de los partidos políticos deben estar excluidos, su futuro debe ser el de participar a un cargo, pero en los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Quienes provengan del ejercicio libre de la profesión como abogadas o abogados postulantes, tendrán que haber demostrado que ello no les genera en modo alguno un posible conflicto de intereses.
Y quienes vengan del ámbito académico, bienvenidos al mundo judicial, sin embargo, no deben olvidar que su labor no se trata solo de plasmar en sus resoluciones posiciones teóricas o doctrinarias, sino que tienen ante sí el futuro de personas de carne y hueso.
La evaluación de las y los candidatos judiciales es la piedra angular que permitirá garantizar una justicia imparcial e independiente en nuestro país.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
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