“El que mucho abarca, poco aprieta”, dice un refrán popular. Uno que aplica a la Reforma Energética que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados. La séptima iniciativa del paquete de 18 reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.
Tres cosas principales destacan de ésta: 1. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se convierten en empresas públicas; 2. Se le da prioridad al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica y 3. Se elimina la responsabilidad del gobierno en la transición energética para reducir la contaminación.
Con el argumento de garantizar un mejor servicio público de internet y tarifas bajas de electricidad, el primer punto indica que la CFE y Pemex, cambian de ser “Empresas productivas del Estado” a “Empresas del Estado”, tal y como eran consideradas antes del 2013.
Con esto, salen del esquema de rentabilidad con reglas del mercado en el que estaban: redirigen su objetivo de maximizar las ganancias al tiempo que gozan de mayor autonomía, al no tener que seguir las normas de la competencia justa y antimonopólica.
Podrán operar sin restricciones, a pesar de la deuda de 3 billones de pesos que tienen, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), déficit que, por cierto, queda en el erario.
Esto lleva al segundo inciso, en el que se pretende legislar que la CFE genere como mínimo el 54% de energía eléctrica del país. Un boletín de esta comisión publicado en junio del 2023 informa que la CFE posee el 50% de la capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se busca fijar constitucionalmente 4% más.
Finalmente, tenemos la eliminación de la responsabilidad del Estado mexicano de cumplir con el compromiso internacional de transición a energías renovables, y de reducir gradualmente la contaminación por componentes de efecto invernadero. La responsabilidad queda compartida con empresas privadas, a pesar de que éstas, por lo comentado en el párrafo anterior, tendrán menor participación en el mercado.
Aunque la ambición de fortalecer la planeación del sector, así como garantizar la confiabilidad y el abasto es positiva, la realidad es que puede afectar las inversiones actuales y futuras. De forma muy sencilla: si el 100% del mercado competitivo se comprime a la mitad, provocará que muchos actores sean descartados.
Lo relevante es que quedarán fuera, no porque la CFE tenga mejores tarifas o porque está generando energía más limpia, sino porque habrá un mandato constitucional de abastecimiento de esos espacios.
Así que, mientras el Estado asegura la generación de más de la mitad de la energía eléctrica del país y limita la participación privada en esta industria, su fórmula le exime de responsabilidades internacionales. Al fin y al cabo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? ¿o la interpretación era otra?
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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