La organización Transparencia Internacional acaba de publicar la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En el ámbito global, el panorama no es alentador. En la medición de 180 países, destaca el estancamiento en el combate a la corrupción incluso en los países mejor evaluados de Europa Occidental y la Unión Europea. Injerencias indebidas en la toma de decisiones, mala aplicación de controles de integridad y amenazas al estado de derecho impactan la eficiencia de los gobiernos.
Por lo que hace a los países con peor desempeño en Asia Central, África Subsahariana, Europa del Este y continente Americano, los ataques a la participación cívica y el ejercicio de libertades básicas se encuentran en la raíz de múltiples crisis de seguridad, estabilidad, democracia y derechos humanos.
En el cuadro de honor se encuentran Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur con calificaciones por arriba de 80/100. En el extremo opuesto de la tabla están Yemen, Venezuela, Sudán, Siria y Somalia con notas inferiores a 20/100. Para México, las noticias son francamente malas. El país se encuentra estancado desde 2020 en el sitio 126 de 180 países, con una calificación de 31/100, mismo puntaje de Bolivia, Laos y Uzbekistán.
Según el IPC 2022, la región de las Américas ha mantenido un pobre desempeño (43/100), debido a la falta de acciones contundentes para frenar la corrupción y fortalecer las instituciones, lo que ha beneficiado al crimen organizado y la proliferación de violencias que fuerzan la emigración.
Sin embargo, aún en este contexto regional, países como Colombia, Brasil, Argentina o Perú han superado lo alcanzado por México. Y sobra decir que ocupamos el último lugar dentro de los miembros de la OECD y del G20.
Ciertamente, la estrella mundial es Dinamarca, con 90 de calificación. Pero México no se acerca siquiera a sus socios comerciales, Estados Unidos (69/100) y Canadá (74/100).
A pesar del discurso triunfalista del gobierno federal, los resultados no se han dado y el informe de Transparencia Internacional es contundente:
“México no ha podido mejorar su calificación por tercer año consecutivo. Después de cuatro años de gobierno del presidente López Obrador no se ha enjuiciado a servidores públicos o privados de alto nivel involucrados en casos de corrupción, algunos ligados a su entorno político. Más aún, las tensiones entre el presidente y las instituciones autónomas responsables del acceso a la información (INAI) y de la organización de elecciones libres e imparciales (INE) marcan una tendencia a eliminar los contrapesos necesarios para una democracia funcional.”
Transparencia, legalidad, institucionalidad democrática, participación ciudadana, es la receta que aplican los países que mejoran el combate a la corrupción. Mientras nosotros caminemos en sentido contrario seguiremos así de lejos de Dinamarca.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
MAAZ