Con el arranque de los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, previos a las elecciones presidenciales de 2024, las diversas fuerzas políticas y sociales empiezan a medir los terrenos y alcances de los candidatos a los cargos de elección popular.
Lo anterior, comienza con el esfuerzo oficialista por reformar la forma en la que se constituyen las elecciones en México, bajo el argumento de la defensa democrática y la continuidad del “movimiento transformador”, aunque la búsqueda de la permanencia en el poder no se mencione públicamente.
Por otra parte, los esfuerzos desde esa oposición fragmentada y endeble, que hoy carece de legitimidad, se preparan junto con el INE para impugnar el llamado Plan B promovido por el Ejecutivo nacional. Además, de que se anunció una nueva marcha en defensa del INE para finales de febrero. En ese sentido, vale la pena abordar algunas particularidades respecto al concepto de inconstitucionalidad mismo y como afecta los procesos electorales.
Resulta un riesgo para la transición hacia ejercicios democráticos más efectivos, la coexistencia de modelos jurídicos distintos basados a partir de la interpretación a modo de la ley. No es una novedad que la única justificante válida para el oficialismo es la legitimidad que asumieron al llegar al poder tras ser electos, aunque ello no represente necesariamente pericia política ni legislativa.
Peor aún, no hay reconocimiento institucional ni legal, con máximas como “al diablo con sus instituciones” y “no me vengan con que la ley es la ley”, se asienta el terreno para la improvisación, el oportunismo y, peor aún, un atentado en contra de la alternancia y el verdadero quehacer democrático. Lo que aún falta por precisar son todas las razones por las cuales el propio grupo en el poder está dispuesto incluso a proponer enmiendas inconstitucionales a los ejercicios democráticos cuando no hay indicativos relevantes de que se modifique el statu quo.
Pareciera ser una combinación de factores, pero el que domina es la comprensión de la situación política actual, en la que se tenga un presidente popular y una dominancia territorial de estas dimensiones no es usual, considerando el nuevo modelo de alternancia en la que entró la democracia mexicana no hace tanto.
Hoy, el mayor riesgo que existe es la incertidumbre y hay altas probabilidades de que se produzca ese escenario en el marco de una transición pacífica del poder. Con ello, merece la pena destacar el uso de la calle como termómetro para medir la temperatura social, enfatizando que el presidente y Morena ya no son los únicos que convocan multitudes. Los días avanzan y con ello la intensidad de un entorno sobre politizado y siempre polarizado.
POR AZUL ETCHEVERRY
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