Dicen que el tiempo pone las cosas en su lugar, por eso no me sorprende que la oposición y muchos jueces y magistrados, que tanto alegan que AMLO quiere vulnerar la autonomía del Poder Judicial para someterlo a sus designios ahora se pongan en evidencia al quedarse callados (jueces y magistrados) o celebrar (la oposición) la grosera vulneración que el TEPJF pretende llevar a cabo en las decisiones internas de otro poder autónomo: el Legislativo.
La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso señalan que la Comisión Permanente se integra por 19 diputados y 18 senadores, designados por el voto de sus respectivas cámaras.
En enero el TEPJF resolvió una impugnación de MC y el PRD que reclamaron haber sido excluidos de la Comisión Permanente, cuando lo que sucedió es que no alcanzaron lugar porque estos se asignan en proporción a la representatividad de los grupos parlamentarios en el pleno; la sentencia determinó que en el siguiente receso la Cámara de Diputados debía incluir a todos los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente.
El TEPJF era incompetente para resolver el asunto porque no era materia electoral y por tratarse de la organización interna de un poder autónomo en la que ningún otro poder puede intervenir. Ante esa aberración, en marzo aprobamos una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para evitar la intromisión de la autoridad electoral en decisiones internas de las cámaras legislativas que, además, fueron debidamente aprobadas por el máximo órgano decisorio de la cámara que es el Pleno.
Ante la nueva ausencia de MC en la Comisión Permanente (no por una arbitrariedad de la mayoría parlamentaria, sino por la proporcionalidad que ya señalé), ahora el TEPJF resuelve un incidente de incumplimiento de sentencia en el que obliga a la Cámara de Diputados a realizar un periodo extraordinario para quitarle un lugar a algún partido y dárselo a MC, pasando por alto la reforma y sin importarle que no es un asunto electoral.
El TEPJF es una de tantas instituciones públicas que durante el periodo neoliberal se convirtió en objeto de reparto de cuotas y cuates, gracias al método de elección de sus integrantes por parte del Congreso, en el que PAN y PRI, que tenían mayoría, se repartían posiciones con absoluta complicidad.
Así, el TEPJF, igual que muchas otras instituciones, como el INE, fueron puestas al servicio de intereses políticos y no de México.
En los últimos años el Tribunal Electoral se ha visto envuelto en escándalos de conflictos internos entre sus integrantes, que se han ventilado públicamente y han llegado a grados tales que dos de sus presidentes han renunciado (o tenido que renunciar) al cargo, manchando la reputación institucional.
Hoy, nadie ve en el Tribunal una institución imparcial, profesional y confiable.
Por eso la iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador plantea un borrón y cuenta nueva en la conformación de ambas instituciones electorales y en el método de elección de sus integrantes, sin cambiar su naturaleza jurídica y preservando su autonomía.
Urge refundar las instituciones electorales; es claro que las actuales son tendenciosas y serviles a intereses políticos, y ahora hasta resuelven asuntos no electorales.
POR BENJAMÍN ROBLES
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
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