En el marco del Día Mundial sin Tabaco, conmemorado cada 31 de mayo, el presidente dio el anuncio en su conferencia matutina de que, queda prohibido la circulación, comercialización y uso de vapeadores y cigarros electrónicos en el país, a través de decreto presidencial, el cual desde ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación y, por ende entra en vigor. A la mañanera, lo acompañó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell y mencionó que “México ya había prohibido en octubre pasado la importación y exportación de los vapeadores, cigarros electrónicos y sus cartuchos, pero las empresas han seguido comercializando los productos que tenían en reserva”.
“Es mentira que los nuevos productos, los vapeadores, son una alternativa al cigarro. (...) Hay una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, fue lo comentado por el presidente a manera de justificación de la prohibición por decreto. Antes fueron las sopas instantáneas, la clarificación en los sellos nutrimentales de los alimentos y ahora los cigarros (o el horario de verano). Estas medidas tienen aristas suficientes para su debate. Existe la postura de salud pública, de políticas públicas y también de un Estado paternalista (entendiéndose como tal a un Estado que aplica los modos del ejercicio de autoridad y protección, igual a un padre de familia).
Desde la óptica de salud pública, son decisiones que al no tomarse por decisión individual dentro de la sociedad, pueden generar una colisión con los servicios brindados por el estado (de ahí la alta carga impositiva al tabaco o alcohol), además de sociedades más proclives a enfermedades. Es decir, un individuo decide algunos hábitos alimenticios o el uso de sustancias nocivas por propia voluntad a sabiendas que no es bueno para la salud, pero si un agregado importante de individuos también lo hace, el riesgo para la sociedad en su conjunto se amplifica. Y, visto con esta lente, no son inadecuadas las medidas tomadas por el gobierno.
Ahora bien, el debate se complejiza al incluir el tema del Estado paternalista que, en este sentido, funge como prohibicionista. Debemos de partir de la idea de que el Estado no es algo -dado- ni una imposición, sino como una forma de organización política y social que marca las estructuras de las relaciones de poder desde el siglo XV hasta nuestros días, para hacer viables la convivencia entre los individuos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Estado ha crecido en tamaño, pero también la conciencia individual acerca del concepto de libertades y reivindicaciones de autonomías personales, respecto a lo que consideran excesos por parte del Estado.
Así, el decreto signado por López Obrador, tiene su justificación en el ámbito de la salud pública, sin embargo no del todo desde la visión del Estado. ¿O será que las y los individuos mexicanos, mayores de edad, con derecho a votar, de salir de fiesta o alguna actividad recreativa ya no podremos decidir qué beber, comer o fumar? ¿Es admisible o incluso deseable que el Estado dicte las conductas personales limitando libertades individuales? A manera de respuesta rápida sería que -sí y solo sí estas restricciones individuales busquen el bien común-, es decir, que el colectivo esté por encima del individuo. Sin embargo, no es posible lograr el bien común por decreto.
POR ADRIANA SARUR
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