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¿Existe el Estado de Derecho en Veracruz?

Durante 2021 se emitieron 39 recomendaciones ordinarias dirigidas a diversas autoridades de Veracruz

OPINIÓN

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Mauricio Farah / Todos Somos México / Columna Invitada

El Estado de Derecho debe garantizar el respeto de los principios de primicia de la ley, igualdad ante ella, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y legal. En un breve repaso sobre los últimos acontecimientos en Veracruz, promovidos por el ejecutivo estatal y aprobados y aplaudidos por el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, estos últimos con autonomía constitucional, se observa que ninguno de estos principios se cumple o, mejor dicho, que todos son desconocidos por el gobierno actual.

Debido a la modificación al Código Penal del Estado en marzo de 2021, para adicionar el delito denominado “ultrajes a la autoridad”, se han detenido a más de 1,033 personas. Por fortuna, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado febrero; no obstante, en un intento por salvar la aberración insignia del gobierno en curso, el Congreso del Estado ha demorado su publicación en la Gaceta Oficial, en complicidad con el Poder Judicial del Estado, que ha usado todo tipo de artimañas para retrasar la liberación de quienes han sido apresados.

En materia de Derechos Humanos, de acuerdo con el “Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: Una radiografía Estatal”, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante ese año se emitieron 39 recomendaciones ordinarias dirigidas a diversas autoridades de Veracruz, de estas solo 7 han sido aceptadas con cumplimiento total y 19 parcial. El conjunto de recomendaciones comprende 100 puntos recomendatorios en trámite, 60 tienen pruebas de cumplimiento parcial. Tan solo 38 de estos puntos fueron dirigidos a la Fiscalía General, ente autónomo que menor atención le da al resarcimiento a las violaciones a derechos humanos. Además, existen 6 recomendaciones por violaciones graves y su atención es apenas parcial.

Durante el 2022 se han presentado más de 10 recomendaciones a esa entidad federativa y se desconoce su estado de cumplimiento; sin embargo, sí se sabe que el ejecutivo local instruye a las autoridades, incluidas las autónomas, cuáles de ellas deben aceptar. Un ejemplo de esto es la recomendación 59/2022 del pasado 25 de marzo, en la que se reconoce la calidad de víctima de José Manuel del Río Virgen y se instruye su inscripción en el registro estatal de víctimas y la reparación inmediata del daño en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), entre otros. No obstante, el día 29 del mismo mes, en un acto de total frustración y violando el principio de autonomía, Cuitláhuac García instruyó a la fiscalía a no aceptar dichas recomendaciones. Frente a la prensa, asumiéndose como fiscal y juez, el gobernador declaró culpable a José Manuel del Río Virgen del delito que se le imputa sin que exista prueba o señalamiento alguno que lo relacione, esto aun en contra de la resolución de la CNDH y del amparo otorgado por un juez federal.

Hoy vence el plazo para que la Fiscalía acepte o rechace las recomendaciones, aún no han emitido respuesta alguna. Prevale la sumisión de Verónica Hernández G.

Otro suceso destacado en el que la autonomía e independencia no son principios respetados por el actual gobierno veracruzano es el de la CEEAIV. Su actual titular, Christian Carrillo Ríos, fue designado de manera directa por el gobernador toda vez que el Congreso, actuando bajo sus órdenes, simuló que ninguno de los tres perfiles que le fueron enviados cumplía con los requisitos ni con los votos de las dos terceras partes de los diputados para su designación. Así, el ejecutivo se aseguró de tener el control para manipular a víctimas, ofrecerlas como pruebas fabricadas contra sus adversarios y decidir a quién ayuda o no, por lo que funciona más como una oficina de gestión electoral que de atención a víctimas. Cabe destacar que Carrillo Ríos negó ante el Congreso y autoridades federales conocer o tener algún tipo de relación con el gobernador, a pesar de que se le ha visto, antes y después de su designación, hasta cuatro veces a la semana en Palacio de Gobierno.

El caso del Poder Judicial del Estado no es diferente, además de contar con una gran batería de jueces y magistrados al servicio del gobernador para cometer actos de venganza contra sus adversarios políticos, su actual presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, consiguió una dispensa para mantenerse al frente del Tribunal Superior de Justicia pese a que, de acuerdo con la Constitución, debía jubilarse por edad. Esto constituye el delito de ejercicio indebido del servicio público, aunque haya sido apoyado y operado personalmente por Cuitláhuac García, al grado de pasearse juntos para promover la revocación de mandato.

En Veracruz queda demostrado que no todas las personas son iguales ante la ley ni se les aplica de la misma manera; aún prevalecen los privilegios para los amigos del gobernador, para el resto, manipulación de la justicia. Queda claro que es una práctica habitual desdeñar la separación de poderes, el respeto a la autonomía y la no intromisión en el ejercicio público. Las decisiones se toman arbitrariamente desde Palacio de Gobierno y desde ahí todos los días se cometen atropellos y se miran de la transparencia procesal y legal. Se ha dado el lujo de denostar y ofender el quehacer del Poder Judicial Federal y de la CNDH, ha fomentado la colusión ilegal entre entes autónomos, sus excesos tienen nombre: José Manuel del Río Virgen, Yolli García Álvarez, Rogelio Franco Castán, Tito Delfín Cano, Fabián Cárdenas, Gregorio Gómez, y muchos más.

El Estado de Derecho ha muerto.

POR MAURICIO FARAH

SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO

@MFARAHG

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